La Oficina del Fiscal del Distrito Judicial 229 desestimó el cargo de asesinato que enfrentaba una mujer de Roma por un presunto "aborto inducido", debido a que las acusaciones no eran aplicables bajo la ley de Texas.
En un comunicado de prensa, el fiscal Gocha Allen Ramírez, informó que contactó al abogado de Lizelle Herrera para indicarle que iban a introducir una moción para desestimar la acusación.
"Al revisar la ley de Texas, es claro que Herrera no puede ni debería ser procesada por las alegaciones en su contra", indica el comunicado.
El fiscal Ramírez explicó que la Oficina del Alguacil del condado Starr estaba en su deber de investigar el incidente reportado por un hospital, pero aclaró que la discreción de procesar cargos depende de la Oficina del Fiscal de Distrito y del estado de Texas.
El viernes, las autoridades del condado de Starr anunciaron el arresto y acusación de asesinato a una mujer hispana por un presunto "aborto autoinducido".
Herrera, de 26 años y residente de Roma, enfrentaba una fianza de $500,000 luego de que fuera acusada de asesinato por el presunto aborto que resultó en la muerte de un neonato, informó la Oficina del Alguacil del Condado de Starr.
La oficina del Fiscal del Distrito presentó el caso ante un gran jurado del Condado Starr, que le radicaron el cargo. Las autoridades arrestaron a Herrera la mañana del 7 de abril y la ingresaron a la Cárcel del Condado de Starr.
GRUPOS DE DERECHO PROABORTO EXIGEN SU LIBERACIÓN
La noticia generó alarma entre los grupos que defienden los derechos reproductivos en el valle del Río Grande, donde se encuentra el condado, por la gravedad del cargo y porque no estaba claro qué ley puede justificar esa acusación incluso en un estado tan restrictivo con el aborto como Texas.
"Exigimos la liberación inmediata de Lizelle Herrera por haber sido injustamente encarcelada", dijo este sábado Cathy Torres, directora de la organización de Frontera Fund, que recauda fondos para ayudar a abortar a las habitantes del valle del Río Grande.
Torres y otras activistas se congregaron este sábado frente a la cárcel del condado de Starr y prometieron "seguir luchando hasta que sea liberada".
MARCO LEGAL Y LA LEY DE TEXAS
En Texas rige desde septiembre un veto casi total al aborto que prohíbe esa práctica en cuanto se detecte actividad cardíaca fetal, alrededor de las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas.
Sin embargo, no es la persona embarazada quien puede ser encarcelada en función de esa ley, sino los médicos u otras personas que la ayuden a abortar, por lo que esa legislación no justifica la acusación contra Herrera.
El veto en Texas ha provocado que muchas mujeres busquen medicación para abortar sin ayuda médica, o que, si tienen los recursos y papeles para hacerlo, recorran grandes distancias para llegar a estados donde la interrupción del embarazo sí es legal.
En los próximos meses, la Corte Suprema de EEUU decidirá sobre un caso relacionado con el aborto y todo apunta a que la mayoría conservadora de la corte cambiará su jurisprudencia al respecto, que actualmente garantiza el derecho al aborto hasta alrededor de las 24 semanas de gestación.
Si eso ocurre, se espera que 26 estados conservadores prohíban o restrinjan aún más la interrupción voluntaria del embarazo.
