A poco más de un mes de la fecha para su ejecución, los abogados de la estadounidense de origen mexicano Melissa Lucio, primera hispana en ser condenada a muerte en el estado de Texas, presentaron este martes una petición de indulto para suspender la pena capital, dictada en 2008 por supuestamente haber matado a su hija de dos años.
La petición, presentada ante el Consejo de Indultos y de Libertad Condicional de Texas y ante el gobernador del estado, Greg Abbott, cuenta con declaraciones de siete expertos, incluyendo científicos y médicos forenses, que han revisado el caso.
Los expertos concluyeron que la sentencia de Lucio, que fue víctima de abusos sexuales y físicos durante toda su vida, está basada en una confesión poco fiable y en pruebas falsas.
"Es una persona que fue condenada durante un proceso que no tuvo las garantías de debido proceso, que estuvo contaminado por discriminación, por pruebas falsas, por testimonios que no tenían los índices de validez científica necesarios", explicó en una rueda de prensa la directora del Centro para la Pena de Muerte en el Mundo de la Cornell University, Sandra Babcock, quien también es una de las abogadas de Lucio.
EL CRIMEN QUE COMETIÓ
La estadounidense de origen mexicano, de 53 años, está acusada por el estado de Texas de matar de una paliza a su hija Mariah, de 2 años, en febrero de 2007, pero ella alega que la niña, que tenía dificultades para caminar por un defecto de nacimiento en sus piernas, cayó por una escalera larga y empinada que daba acceso a la vivienda de la que se estaban mudando.
Dos días después del accidente, y tras mostrar señales de cansancio y de falta de apetito, Mariah murió mientras dormía en su nuevo domicilio.
Texas
Cuando los servicios de emergencia llegaron a la vivienda, en seguida dudaron de las explicaciones de Melissa Lucio sobre las lesiones que presentaba la menor, puesto que en esta nueva casa solo había dos pequeños escalones de acceso y la madre no concretó que se trataba de las escaleras de su anterior residencia.
"Este malentendido fundamental hizo que se pusiera en marcha una investigación que estuvo plagada por una estrechez de miras. Los agentes nunca consideraron qué era realmente lo que le había pasado a Mariah, sino que su objetivo era montar un caso en contra de Melissa", explicó por su parte la directora de contenciosos especiales de Innocence Project, Vanessa Potkin, que subrayó que no se respetó la presunción de inocencia de la acusada.
PONEN EN DUDA CONFESIÓN Y REPORTES FORENSES
Lucio fue sometida solo dos horas después de la muerte de su hija a cinco horas de agresivo interrogatorio por parte de los policías, en las que afirmó en más de 100 ocasiones que no era culpable de su fallecimiento, para terminar diciendo que sí era responsable de la muerte, algo que los expertos dicen que hizo bajo coacción.
"Sabemos que las tácticas de interrogatorio anticuadas incrementan el riesgo de las confesiones falsas", expuso David Thompson, entrevistador forense y experto en protocolos de interrogación, que señaló que en alrededor de 25% de los casos de condenas injustas se produjeron confesiones falsas.
La petición de indulto señala asimismo que los médicos forenses que examinaron el cuerpo de la niña lo hicieron con la información de que la madre había confesado y dieron por hecho que todo lo que observaban era evidencia de maltrato, ignorando todas las pruebas que mostraban lo contrario.
Ahora, siete expertos apoyan la conclusión de que Mariah podría haber sufrido de "coagulación intravascular diseminada" (CID), que causa moretones por todo el cuerpo como resultado de un traumatismo craneoencefálico, que la niña pudo haber sufrido durante su caída por escaleras.
La petición también incluye la declaración de cinco de los miembros del jurado del juicio de Lucio, celebrado en 2008, que tras escuchar las nuevas pruebas presentadas aseguran que debería recibir un nuevo juicio o que su condena a muerte debería ser conmutada.
Cerca de 400 organizaciones de Texas y de EEUU. apoyan también la solicitud de indulto, que podría no obtener respuesta del gobernador texano incluso unos días antes de la fecha de ejecución, el próximo 27 de abril.
