Estados Unidos instó este lunes al Gobierno israelí a no aplicar las nuevas leyes que prohíben a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) a operar en Israel, y a restringir sus labores en los territorios palestinos ocupados de Gaza y Cisjordania.
Así se expresó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en una rueda de prensa después de que la Knéset (Parlamento israelí) aprobara este lunes la legislación.
"Seguimos instando al Gobierno de Israel a que detenga la implementación de esta legislación. Les instamos a que no la aprobaran y consideraremos los próximos pasos en función de lo que suceda en los próximos días", dijo.
El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, y el de Defensa, Lloyd Austin, expresaron su "profunda preocupación" sobre esta ley en una carta enviada recientemente a sus homólogos israelíes, recordó Miller.
El portavoz destacó que la UNRWA desempeña un "papel fundamental" no solo en el suministro de asistencia humanitaria a los civiles en la Franja de Gaza, donde la agencia es "irreemplazable", sino que también brinda servicios a los palestinos en la Cisjordania ocupada y en toda la región.
"No hay nadie que pueda sustituirlos ahora mismo en plena crisis", declaró.
La Administración de Joe Biden suspendió en enero pasado la financiación a la UNRWA mientras se investigaba a algunos de sus trabajadores por haber participado presuntamente en el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.
Posteriormente, el Congreso estadounidense bloqueó la financiación para la agencia hasta 2025, pero Miller declaró este lunes que el Gobierno de Biden quiere que se levante ese veto cuanto antes para poder retomar el envío de recursos a la UNWRA por el importante trabajo que desempeña.
Israel ha acusado a la agencia de emplear a 2,100 miembros de Hamás, y en enero dijo que doce de ellos habían participado activamente en los letales ataques del 7 de octubre, a lo que la UNRWA respondió de inmediato abriendo una investigación interna y despidiendo a esos trabajadores.
La agencia, que cuenta con más de 30,000 empleados, aseguró meses después que Israel no había presentado pruebas concluyentes sobre la implicación de estos trabajadores en los atentados.
