TIJUANA - Las autoridades están investigando el asesinato de María Fernanda Hernández. María se encontraba trabajando en su consultorio dental, cuando fue asesinada a tiros.
Las primeras investigaciones llevadas a cabo ponen a la expareja de la víctima como el principal sospechoso. De acuerdo con la fiscalía, María habría puesto una orden de restricción en su contra.
"Estamos muy cerca aunque no sea nuestro efecto específico. Estamos muy cerca de localizar a la persona de la dentista. Entonces, yo me quedo con que veamos esto como una objetividad. Y los homicidios de afuera también son reales, no están inventados", explica Pedro Cruz Camarena, secretario de la seguridad pública en Tijuana.
Testigos del crimen explican que un hombre habría entrado al consultorio y disparado al menos en siete ocasiones contra la víctima.
De acuerdo con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) la víctima presentó una denuncia contra su expareja el pasado 11 de agosto. La CEDHBC ha iniciado una investigación, en la cual se va a documentar la actuación de las autoridades ante dicha denuncia.
Miguel Mora, Ombudsman, explica que se ha abierto un expediente sobre el caso, ya que al conocer la identidad de la víctima vieron que ella había puesto una denuncia en contra de su expareja.
Local
La CEDHBC ha solicitado un informe a la Fiscalía General del Estado, para conocer si la víctima recibió medidas de protección. El informa también servirá para investigar el seguimiento realizado por las autoridades del caso.
Mora recuerda que la "Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia" reconoce que las víctimas tienen derecho a la protección y que las autoridades están obligadas a otorgarla ante casos de violencia que pongan en riesgo la integridad, la libertad y la vida de las mujeres.
El pasado Junio la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) emitió una alerta en Baja California sobre la violencia de género. Alerta que la Comisión de Derechos Humanos de Baja California ya había solicitado previamente en febrero de 2020.
