CIUDAD DE MÉXICO — Investigadores en el norte de México informaron el miércoles que localizaron seis osamentas y realizan análisis forenses para determinar si pertenecen a algunos de los 10 hombres del grupo indígena más perseguido del país, quienes fueron secuestrados a mediados de julio.
La escena del crimen en el desierto del estado de Sonora, limítrofe con Estados Unidos, podría significar un duro revés para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha establecido como una de sus prioridades hacer justicia para la comunidad indígena yaqui.
El mandatario mexicano había invitado a su homólogo estadounidense, Joe Biden, a acudir a una ceremonia el 28 de septiembre para pedirle perdón a los yaquis por una campaña que emprendió el gobierno alrededor de 1900 para exterminarlos o exiliarlos; algunos yaquis viven en Estados Unidos.
EL HALLAZGO OCURRIÓ EN EL DESIERTO EN EL ESTADO DE SONORA
De acuerdo con diversos reportes, Estados Unidos enviaría al secretario de Estado, Antony Blinken, en su representación.
No había información sobre los otros cuatro yaquis desaparecidos, quienes fueron vistos por última vez el 15 de julio. Podría tratarse del mayor asesinato de indígenas en el país desde que 15 personas fueron apaleadas a muerte durante una disputa en el estado de Oaxaca en 2020.
La fiscal general del estado de Sonora, Claudia Contreras, dijo que familiares de los desaparecidos ya identificaron algunas de las pertenencias encontradas junto a los restos óseos.
La fiscalía ha dicho que cuenta con evidencia de que los grupos del narcotráfico han atacado a los yaquis. Contreras afirmó que a principios de semana los investigadores que encabezan la búsqueda de los yaquis fueron atacados a disparos en una ladera remota cerca del lugar donde se localizaron los restos.
Los investigadores respondieron a los disparos y abatieron a dos de los agresores. Posteriormente encontraron lo que sería un campamento similar al que utilizan los cárteles del narcotráfico, con armas, mapas y equipo táctico. Los cuerpos fueron localizados a poca distancia del lugar y casi al nivel de la superficie.
Fiscales aseguran que un grupo delictivo de este tipo asesinó a un líder por los derechos del pueblo yaqui en mayo pasado. Señalaron que el cártel mató al activista Tomás Rojo Valencia porque querían el dinero que su grupo indígena había recaudado en bloqueos carreteros.
Rojo Valencia desapareció el 27 de mayo en medio de tensiones respecto a los meses de bloqueos periódicos instalados por los yaquis en protesta a los ductos de gas, drenajes y líneas ferroviarias construidas sobre su territorio sin que se les consultara o les trajera beneficio alguno. Los yaquis han visto como el gobierno ha drenado buena parte del agua de sus territorios para abastecer a ciudades cercanas.
Contreras indicó que Rojo Valencia había intentado instalar una caseta de peaje sobre la carretera principal que atraviesa el territorio yaqui para recaudar fondos para su comunidad indígena, y aparentemente el motivo de su asesinato había sido el dinero.
Pero algunos activistas no están del todo convencidos.
Alberto Vizcarra, líder del Movimiento Ciudadano por el Agua, dijo que la causa del asesinato pudo ser la disputa por el agua. “Lo de Tomás fue un crimen político”, aseguró.
López Obrador ha descrito a los yaquis como el grupo indígena más perseguido del país y ha iniciado algunos programas destinados a esta comunidad. Los yaquis quizá sean mejor conocidos en el extranjero por los poderes místicos y visionarios que les atribuye el escritor Carlos Castañeda.
Los yaquis lucharon ferozmente contra la brutal campaña del gobierno mexicano para eliminar la tribu a principios del siglo anterior.
Pero fueron derrotados hacia 1900 y el dictador Porfirio Díaz comenzó a desplazarlos de su fértil territorio y hacia condiciones de virtual esclavitud en haciendas en sitios tan remotos como el estado de Yucatán.
