SAN DIEGO - El contratista militar Leonard Glenn "Fat Leonard" Francis fue condenado el martes a 15 años de prisión y a pagar una indemnización de 20 millones de dólares, casi nueve años después de declararse culpable de sobornar a oficiales de la Marina en una trama de corrupción de gran alcance.
Los fiscales dijeron en enero que querían que Francis fuera condenado por los cargos a los que se declaró culpable en enero de 2015 antes de presentar posiblemente nuevos cargos en relación con su supuesta huida del país.
Francis estaba a la espera de sentencia cuando, según las autoridades, cortó un monitor GPS que estaba obligado a llevar y desapareció de su arresto domiciliario en San Diego en septiembre de 2022. Fue detenido en Venezuela y devuelto a Estados Unidos tras un intercambio de prisioneros entre ambos países.
Una de las mayores investigaciones sobre sobornos de la historia militar de EEUU
El contratista estuvo en el centro de una de las mayores investigaciones sobre sobornos de la historia militar de Estados Unidos, que condujo a la condena de casi dos docenas de oficiales de la Armada, contratistas de defensa y otras personas por diversos cargos de fraude y corrupción.
Francis se declaró culpable de sobornar a oficiales de la Armada con lujosas estancias en hoteles, comidas y prostitutas a cambio de información clasificada, convenciéndoles de que dirigieran portaaviones a puertos que él controlaba para que pudieran ser reabastecidos por su empresa de husbanding con sede en Singapur, Glenn Defense Marine Asia. También admitió haber cobrado de más al ejército estadounidense por esos servicios por un importe superior a $35 millones.
Francis, una figura enigmática, era dueño y administrador de la empresa familiar de servicios navales Glenn Defense Marine Asia Ltd. (GDMA), con sede en Singapur, que suministraba alimentos, agua y combustible a los buques. El contratista de defensa de Malasia fue un contacto clave para los buques de la Marina estadounidense en los puertos de Asia durante más de dos décadas. Durante ese tiempo, engatusó a oficiales navales con carne de Kobe, puros caros, entradas para conciertos y fiestas sexuales salvajes en hoteles de lujo desde Tailandia hasta Filipinas.
A cambio, los oficiales, entre los que se encontraba el primer almirante en servicio activo condenado por un delito federal, ocultaron la trama en la que Francis cobraba de más por abastecer a los barcos o cobraba por servicios falsos en los puertos que controlaba en el sudeste asiático. Los oficiales le pasaban información clasificada e incluso llegaron a redirigir buques militares a puertos que resultaban lucrativos para su empresa de servicios a buques con sede en Singapur.
Local
En una operación federal, Francis fue atraído a San Diego con engaños y detenido en un hotel en septiembre de 2013. Se declaró culpable en 2015, admitiendo que había ofrecido más de $500.000 en sobornos en efectivo a oficiales de la Marina, contratistas de defensa y otros. Los fiscales afirman que estafó a la Armada por valor de al menos $35 millones. Como parte de su acuerdo con la fiscalía, cooperó con la investigación que condujo a las sentencias contra miembros de la Marina. La pena máxima a la que se enfrentaba era de 25 años de prisión.
Mientras esperaba la sentencia, Francis fue hospitalizado y tratado de cáncer renal y otros problemas médicos. Tras salir del hospital, se le permitió permanecer fuera de la cárcel en una casa de alquiler, en arresto domiciliario con un monitor de tobillo GPS y guardias de seguridad.
Pero tres semanas antes de su sentencia, prevista para septiembre de 2022, se quitó el monitor y se fugó descaradamente, desencadenando una búsqueda internacional. Según las autoridades, huyó a México, se dirigió a Cuba y finalmente llegó a Venezuela.
Arresto de Fat Leonard
Fue detenido más de dos semanas después de su desaparición, antes de embarcar en un vuelo en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, a las afueras de Caracas. Las autoridades venezolanas dijeron que pretendía llegar a Rusia.
A cambio, Estados Unidos liberó a un estrecho aliado del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a cambio de la liberación de 10 estadounidenses encarcelados en Venezuela y de la extradición de Francisco.
La fuga de Francisco no fue el único tropiezo de la fiscalía. Los fiscales escribieron en un memorándum de sentencia que otro pasajero del avión escuchó a la chica decirle a Coffey -que tenía 31 años en ese momento- que era menor de edad.
Los casos fueron llevados por la oficina del fiscal de los EEUU en un esfuerzo por ser independiente del sistema de justicia militar. Pero han sido objeto de escrutinio.
Anteriormente, las condenas por delitos graves de cuatro ex oficiales de la Marina fueron anuladas tras las acusaciones de mala conducta de la fiscalía. La juez de distrito Janis Sammartino aceptó que se declararan culpables de un delito menor y pagarán una multa de $100 cada uno.
El año pasado, Sammartino dictaminó que el fiscal federal encargado del caso había cometido una "falta flagrante" al ocultar información a los abogados defensores, pero en aquel momento dijo que no era suficiente para desestimar el caso.
A principios de septiembre, durante una vista para dictar sentencia en un tribunal federal de San Diego, el fiscal federal adjunto Peter Ko, que se incorporó al caso tras el juicio del año pasado, admitió la existencia de "problemas graves" y pidió al juez que anulara las condenas de los agentes por delitos graves.
