SAN DIEGO- La junta del Distrito Escolar Unificado de San Diego (SDUSD, por sus siglas en inglés) votó por unanimidad en una sesión a puerta cerrada el martes para apelar el fallo del juez sobre su mandato de vacuna COVID-19 para los estudiantes.
Maureen Magee de SDUSD dijo que la información se dará a conocer en un momento posterior sobre su votación.
El lunes, un juez de San Diego falló en contra del mandato de vacuna COVID-19 del SDUSD para estudiantes de 16 años o más en el último día en el que los estudiantes tenían que estar completamente vacunados para poder asistir a clases en persona el próximo semestre.
El juez de la Corte Superior, John S. Meyer, otorgó un mandato judicial para una demanda presentada por el grupo “Let Them Choose”, que buscaba evitar que el mandato de vacuna COVID-19 del distrito escolar entrara en vigencia argumentando que no cumplía con Ley del Estado.
En un fallo tentativo, el juez Meyer se puso del lado del grupo “Let Them Choose” y afirmó que el mandato de vacuna COVID-19 del distrito escolar no puede avanzar porque entra en conflicto con la ley estatal, que dice que cualquier decisión de exigir vacunas debe tomarse a nivel estatal, y también debe incluir una “exención por creencias personales” si el mandato no es impuesto por la Legislatura estatal.
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El mandato del SDUSD no incluye exenciones por creencias religiosas o personales.
“El camino del SDUSD parece ser necesario y racional, y el deseo del distrito de proteger a sus estudiantes de COVID-19 es encomiable. Desafortunadamente, el campo de los mandatos de vacunas escolares ha sido ocupado completamente por el Estado, y el plan entra directamente en conflicto con la ley estatal”, escribió el juez en un fallo provisional.
SDUSD emitió la siguiente declaración después del fallo diciendo:
“El Distrito Escolar Unificado de San Diego está decepcionado de que el juez del Tribunal Superior John S. Meyer concluyera que solo el estado puede actuar con respecto a las vacunas, a pesar de que la ley específicamente permite y fomenta los programas de vacunación locales. Incluso el juez Meyer reconoció en su fallo que el mandato de vacunas ‘parece ser necesario y racional, y el deseo del distrito de proteger a sus estudiantes del COVID-19 es encomiable’. El distrito está considerando sus opciones en respuesta a este fallo”.
Al explicar su decisión, el juez Meyer citó una enmienda al proyecto de ley del Senado No. 277 en 2015, momento en el cual había un total de 10 vacunas que los niños deben tomar para asistir a la escuela en persona. Pero, debido a un aumento en los brotes de sarampión y la disminución de las tasas de vacunación, la legislatura eliminó la posibilidad de que los padres utilicen una exención por creencias personales a las vacunas.
Al mismo tiempo, señalaron que puede haber otras necesidades para ordenar disparos en el futuro, pero si se hizo un mandato sin la aprobación legislativa, debe hacerse a nivel estatal y debería incluir una exención de creencias personales, según Meyer.
“A la luz de lo anterior, está claro que el camino del SDUSD intenta imponer un requisito adicional en un campo que la Legislatura ocupa por completo”, escribió el juez Meyer.
El distrito argumentó que los distritos locales no pierden su autoridad para exigir inmunizaciones solo porque el estado tiene la autoridad para hacerlo, y que este mandato es tan voluntario como las otras 10 vacunas exigidas por el estado.
El juez rechazó diciendo que, a diferencia de las otras vacunas, este mandato afecta a los estudiantes que ya están inscritos en la escuela y evitaría que los estudiantes de otros distritos se transfieran si sus familias se mudan.
El juez también dijo que no ve en qué se diferencia San Diego de otros distritos escolares en lo que respecta a su vulnerabilidad a COVID-19, y cuestionó por qué SDUSD debería hacer cumplir un mandato de vacuna pero no cualquier otro distrito circundante en el estado.
El juez Meyer dijo que se requerirá que SDUSD permita que los estudiantes asistan en persona siempre que hayan recibido las 10 vacunas actualmente exigidas por el estado, que no incluyen la vacuna COVID-19.
“Estoy muy feliz. Sabíamos que nuestro argumento legal era sólido, y presentamos este caso en nombre de miles de padres y estudiantes preocupados y escuchar al juez decir que ningún estudiante debe ser obligado a recibir esta vacuna fue algo maravilloso de escuchar ”, dijo Sharon McKeeman, fundadora del grupo detrás de “Let Them Choose”.
Ninguno de los cuatro hijos de McKeeman asiste a una escuela unificada de San Diego, pero ella dijo que muchos padres del distrito son miembros del grupo, que también está demandando al gobernador de California, Gavin Newsom.
Ella sostuvo que el grupo no está en contra de las vacunas, pero quiere darles a los padres el derecho a elegir para sus hijos si se vacunan o no.
SDUSD anunció el 28 de septiembre que requerirían la vacuna COVID-19 para los estudiantes de 16 años o más para asistir en persona cuando el próximo año escolar comience el 24 de enero.
Los estudiantes no vacunados, a menos que tengan una exención médica, participarían en el aprendizaje remoto.
Desde entonces, el distrito ha enfrentado una serie de obstáculos por parte de los padres que se oponen al mandato.
Semanas después, el grupo “Let Them Choose”, cuya misión declarada es “proteger los derechos de las familias a tomar decisiones médicas personales y el derecho de los estudiantes a una educación en persona”, presentó la demanda alegando que el mandato del distrito entra en conflicto con la ley estatal y que el riesgo de reacciones adversas a la vacuna supera cualquier beneficio para los jóvenes.
El distrito también fue demandado por un estudiante-atleta de la Preparatoria Scripps Ranch, y sus padres, quienes sostienen que el mandato viola sus derechos religiosos.
En esa demanda, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos se puso del lado del SDUSD para denegar una orden judicial de emergencia que suspendería la aplicación del mandato de la vacuna mientras la demanda avanza a través del sistema judicial.
El juez Meyer había negado la orden judicial antes de que se trasladara al tribunal de apelaciones. Desde entonces, los abogados de los estudiantes han pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga en el caso.
