SAN DIEGO - La Universidad Estatal de San Diego dijo el lunes que inició su propia investigación sobre la supuesta violación de una joven de 17 años por miembros del equipo de fútbol de la escuela.
Las acusaciones se centran en una presunta violación en una fiesta en una casa fuera del campus el 16 de octubre de 2021, presuntamente perpetrada por cinco jugadores de fútbol.
En un comunicado emitido en todo el campus, la presidenta de SDSU, Adela de la Torre, dijo que la policía de San Diego solicitó inicialmente que la universidad no realizara su propia investigación ni "hiciera nada que pudiera poner en peligro o interferir con su investigación criminal". SDSU también declaró que anteriormente le pidió a la policía detalles para poder tomar medidas, pero "SDPD solicitó formalmente que SDSU no interviniera, ya que la intervención podría comprometer su investigación criminal".
Mientras tanto, la escuela dijo que recibió información anónima "de personas que no fueron testigos", que compartieron con la policía y alentó a todos los que hicieron informes a comunicarse con SDPD.
SDSU dice que el 22 de julio recibió una notificación formal del departamento de policía de que podía seguir adelante con su propia investigación.
En un mensaje a los estudiantes, de la Torre dijo: "Quiero asegurarles que tomamos medidas y continuamos tomando medidas. Nuestro proceso, siguiendo la política de todo el sistema de la Universidad Estatal de California, ya ha comenzado y se están examinando los detalles y alegatos pertinentes. Como he dicho antes: nadie está por encima de la ley, y cualquier persona que haya violado la ley y la política de la universidad debe sufrir las consecuencias".
Local
A diferencia de una investigación criminal, la investigación del Título IX de SDSU examinaría si se ha violado la política de la universidad en lugar de si se han cometido actos delictivos.
Si un estudiante violó la política, el castigo máximo posible disponible es la expulsión.
En su declaración, SDSU señaló que las investigaciones del Título IX carecen del poder de orden o citación disponible para las investigaciones policiales, y que las universidades no pueden obligar a la víctima o al acusado a participar.
