La ciudad de San Diego, junto con otros municipios y organizaciones sin fines de lucro, demandó a la administración Trump esta semana por la congelación de fondos de subvenciones federales, que según la Oficina del Fiscal de la Ciudad de San Diego ya ha afectado a un programa forestal local y ha puesto en riesgo varias otras iniciativas de la ciudad.
La demanda de 86 páginas presentada en un tribunal federal de Carolina del Sur nombra como imputados al presidente Donald Trump y al asesor principal del DOGE, Elon Musk, entre otros. En la demanda se alega que las órdenes ejecutivas de Trump que detienen los desembolsos de fondos asignados por el Congreso son ilegales.
La Oficina del Fiscal de la Ciudad de San Diego dice que, a nivel local, la congelación de fondos ha afectado al programa de la ciudad Ready, Set, Grow San Diego, para el cual San Diego recibió una subvención de $ 10 millones del programa de subvenciones Urban and Community Forestry del USDA. El programa de cinco años tiene como objetivo plantar y mantener árboles en Bay Terraces, City Heights, Encanto, Linda Vista, Oak Park, Otay Mesa-Nestor y Paradise Hills, como parte de los esfuerzos para "mejorar el bosque urbano de la ciudad, reducir el calor extremo, aumentar la absorción de aguas pluviales, reducir la contaminación del aire y proteger a las comunidades vulnerables", según la Oficina del Fiscal de la Ciudad.
"Los árboles no son políticos, no deberían utilizarse para juegos que perjudican a las comunidades a las que se han prometido inversiones medioambientales", declaró Heather Ferbert, fiscal municipal. "La congelación de estos fondos federales ya comprometidos pone en peligro programas comunitarios críticos, impactando la salud, la seguridad y la calidad de vida de los sandieguinos".
La ciudad también se unió recientemente a una demanda que desafía la retención de fondos de subvenciones federales de la administración Trump de las llamadas ciudades santuario, que la Oficina del Fiscal de la Ciudad alega que amenaza la financiación de subvenciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para iniciativas de aplicación de la ley y seguridad pública.
