350 familias migrantes reportaron haber sido maltratados
SAN DIEGO - Un nuevo reporte sobre abusos a migrantes por parte de oficiales de inmigración, documentó supuestas violaciones a sus derechos más básicos.
El reporte listó una serie de abusos que van desde encierros por más de los tres días que establecen los protocolos legales, hasta escasa comida y agua. Además de abusos verbales, físicos y hasta sexuales.
“Ahorita hay violaciones amplias de los derechos humanos, dentro de los centros de detención. La gente está huyendo de violencia, sufren de violencia en el viaje y al llegar a los Estados Unidos, supuestamente un lugar seguro y con paz, vuelven a sufrir”, dijo Jill Esvinchei, profesora y especialista en Derechos Humanos quien encabezó el estudio.
El reporte recopiló evidencia de encuestas realizadas a 350 familias que llegaron al condado de San Diego y que estuvieron detenidas en centros para migrantes administrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
En este reporte se encontraron testimonios de migrantes como los siguientes:
- “Una mujer hondureña describió cómo oficiales la llamaron “prostituta” y "desgraciada" después de que ella les dijo que sus dos hijas mayores no eran hijas biológicas de su esposo”.
- En otro, una mujer describió la experiencia de su esposo: “Mi esposo fue maltratado por agentes de inmigración, lo golpearon y lo arrojaron en el piso, lo tiraron en el coche y lo llamaron idiota, burro y “excremento”.
Por su parte, Mónica Langarica, abogada de la Asociación de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), resaltó que los abusos también se extienderon al ámbito legal.
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“CBP no está dando acceso a los abogados para entrar y hablar con las persona que están en su custodia”, explicó Langarica.
Langarica dijo que no enviarán este reporte a CBP. Ella dijo que ya existen varias demandas legales sobre estas clase de abusos y que este reporte será usado para compartirlo con la comunidad para que puedan tomar un rol más activo en este tema.
ACLU hizo el reporte público, y puede ser encontrado en su página web de la división de San Diego o aquí .
