En la conferencia semanal del gobierno de Baja California, reclamaron que a 670 días de distancia los casos no hayan sido resueltos.
SAN DIEGO - Hace dos años los periodistas en Baja California recibieron un golpe certero al cometerse asesinatos contra dos de ellos, el sector continúa unido exclamando por una justicia que no ha llegado.
Por eso volvieron a alzar la voz en uno de los países catalogados como más peligrosos para ejercer el periodismo.
“A dos años de este hecho condenable la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha logrado que sea sentenciado uno de los tres acusados por el crimen de Margarito y ni siquiera ha iniciado el proceso penal contra el “Cabo 20” como presunto asesino intelectual pese a que ellos lo señalaron”, dijo Sonia de Anda, periodista.
En la conferencia semanal del gobierno de Baja California, reclamaron que a 670 días de distancia los casos no hayan sido resueltos.
“Justifican la falta de efectividad y afirman que estas investigaciones son complejas, que no están cerradas y que aún tienen tiempo, por ello el gremio periodístico de Tijuana nos sentimos agraviados e indignados ante la falta de justicia para ambos comunicadores y por la impunidad que provocan las agresiones contra quienes ejercemos este oficio”, agregó de Anda.
Con pancartas, fotografías y velas recalcaron que pudiera ser cualquiera de ellos otra víctima, sobre todo ante el poco avance que consideran lleva la fiscalía.
Según las autoridades, las investigaciones continúan y esperan presentar a más detenidos, además de los tres por cada caso que actualmente se tiene.
“Tenemos seis personas detenidas en estas investigaciones, cinco personas con sentencia condenatoria y una pendiente de llegar a juicio, efectivamente todavía falta, nos faltan las personas que pudieran haber participado como autores intelectuales y en eso estamos trabajando”, dijo María Elena Andrade Ramírez, Fiscal General del Estado.
El secretario de gobierno en representación de la gobernadora instó a que se continúe con los trabajos de investigación para que los delitos no queden impunes.
“Sabemos que cualquier ataque a los periodistas significa violentar este derecho que es a todas luces de carácter social”, precisó Alfredo Álvarez.
