SAN DIEGO - Esta semana se presentó una demanda por homicidio culposo en contra de la ciudad de San Diego en nombre de la familia de dos niños que murieron tras una persecución de un sospechoso que huía de la policía de San Diego, lo que llevó a pedir que se reexamine las políticas de la policía de San Diego con respecto a las persecuciones de vehículos.
En el accidente ocurrido el 8 de diciembre de 2023 en una rampa de salida de la carretera interestatal 805 murieron los hermanos Malikai, de 8 años y Mason Orozco-Romero de 4. Los niños viajaban en el asiento trasero de un automóvil sedán que fue embestido por detrás, lanzado por un terraplén y estrellado contra un árbol, donde se incendió.
Dos mujeres que viajaban en el vehículo de las víctimas, entre ellas la madre de los niños, sobrevivieron al accidente y son las denunciantes en la demanda presentada el martes ante el Tribunal Superior de San Diego.
Un portavoz de la oficina del fiscal de la ciudad dijo que no podía hacer comentarios sobre litigios en curso.
Junto con la ciudad, en la demanda se incluye como acusado al presunto conductor perseguido por la policía, Ángel Velásquez Salgado. Se le acusa de huir a gran velocidad de la policía mientras conducía sin licencia. Salgado se enfrenta a cargos que incluyen el asesinato por chocar supuestamente a gran velocidad contra el vehículo de las víctimas, lo que provocó la muerte de los niños.
La demanda alega que el inicio de la persecución fue "innecesario y en violación de la ley y/o de las políticas y procedimientos del SDPD".
Según los testimonios presentados en la audiencia preliminar de la causa penal que se sigue contra Salgado, los agentes se fijaron en su BMW porque tenía un faro delantero defectuoso y porque se metió en la entrada de un domicilio que no pertenecía al propietario registrado del BMW.
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Tras negarse supuestamente a detenerse, comenzó la persecución, primero por calles secundarias y luego por la autopista. Los agentes que le perseguían perdieron de vista el coche de Salgado cerca de la salida de la calle 43, donde se produjo el accidente.
En la demanda se alega que, en aquel momento, los agentes no tenían motivos fundados para creer que Salgado hubiera cometido un delito, ni había necesidad de capturarlo inmediatamente después de que supuestamente huyera. La demanda afirmaba además que los agentes "tenían la obligación de cesar la persecución cuando los beneficios de una aprehensión inmediata fueran mayores que los peligros de continuar la persecución".
La Comisión de Prácticas Policiales de la ciudad recomendó cambios en las políticas del departamento, como evitar iniciar persecuciones por infracciones de tráfico menores. La política de persecución recomendada por la comisión sólo permitiría iniciar persecuciones "por acusaciones extremadamente graves que impliquen situaciones de vida o muerte para priorizar la seguridad y minimizar los riesgos para todas las partes implicadas".
Las recomendaciones suscitaron el rechazo de la Asociación de Agentes de Policía de San Diego, que afirmó que limitar las persecuciones a determinados sospechosos impediría a los agentes perseguir a sospechosos de conducir bajo los efectos del alcohol o a sospechosos relacionados con otros delitos graves, como el tráfico de seres humanos o la violación de órdenes de alejamiento por violencia doméstica.
"Las recomendaciones presentadas por el CPP son erróneas y plantean riesgos significativos para nuestra comunidad", dijo la asociación en un comunicado a principios de este año.
