SAN DIEGO- La Diócesis Católica Romana de San Diego anunció el jueves que se declarará en bancarrota a raíz de cientos de demandas de presuntas víctimas de abuso sexual.
"El hecho de que estos abusos hayan tenido lugar es una vergüenza para la Iglesia católica, por lo que tenemos que responder a eso pase lo que pase", dijo Kevin EcKery, portavoz de la Diócesis de San Diego.
El Cardenal Robert McElroy escribió en una carta a los feligreses y al clero que la bancarrota ayudaría a la diócesis a alcanzar sus metas de cara al futuro, al tiempo que compensaría a las víctimas de abusos.
En otra carta enviada el año pasado, McElroy anunció la posibilidad de la bancarrota, al escribir que la diócesis "debe hacer frente a los asombrosos gastos legales" en respuesta a las demandas por abusos que se remontan a 1945.
En el 2007, la diócesis llegó a un acuerdo en las demandas presentadas por 144 víctimas, pero últimamente se han interpuesto mas de 450 demandas contra ella, según un comunicado. La Diócesis dijo que más del 60% de las últimas demandas se refieren a incidentes ocurridos hace más de 50 años.
En la carta enviada el año pasado, McElroy escribió que los 144 casos se resolvieron $198 millones de dólares, pero que resolver las demandas actuales al mismo ritmo costaría más de $550 millones de dólares.
"La Diócesis se enfrenta a dos exigencias morales de peso a la hora de abordar el proceso de liquidación: la necesidad de una compensación justa para las víctimas de abusos sexuales y la necesidad de continuar la misión de la Iglesia de educación, servicio pastoral y ayuda a los pobres y marginados", dijo McElroy". La bancarrota ofrece la mejor vía para lograr ambas cosas".
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La Diócesis, que se declarará en bancarrota bajo el Capítulo 11 el lunes, dijo que sus parroquias, organizaciones benéficas y escuelas continuarían funcionando normalmente.
Sin embargo, McElroy escribió: " Está claro que como parte de ofrecer una compensación adecuada a las víctimas del pasado de los abusos sexuales a los menores, tanto las parroquias y las escuelas secundarias tendrán que hacer una contribución sustancial a la solución definitiva con el fin de dar firmeza a la responsabilidad que afrontan".
El bufete Zalkin Law Firm, que representa a las víctimas en los casos contra la diócesis de San Diego, dijo que se trata de al menos la decimotercera diócesis católica que se declara en quiebra en los últimos años en cumplimiento de las leyes que permiten nuevas demandas por abusos que antes habían prescrito.
El pasado año, el bufete demandó a la diócesis, alegando que había transferido de forma fraudulenta bienes inmuebles a sociedades ficticias para evitar el pago de indemnizaciones legales a las víctimas.
En un comunicado, Devin Storey, socio del bufete Zalkin Law Firm, dijo: "Ha quedado muy claro que estas diócesis católicas y sus aseguradoras han adoptado una estrategia nacional para usar las quiebras del Capítulo 11 para resolver los casos de abusos sexuales a menores de una forma que reduce las indemnizaciones a los supervivientes y priva a éstos de su derecho a juicio".
El abogado Irwin Zalkin, del bufete, declaró: "Nuestra intención es continuar nuestros esfuerzos en nombre de los 457 supervivientes que ahora se encontrarán en el Tribunal de Bancarrota, para colaborar con la diócesis y su aseguradora a fin de llegar a un acuerdo justo para estos supervivientes. El balón está en el terreno de la diócesis y de su aseguradora".
" Si realmente quieren hacer justicia, entonces deberían pagar lo que es justo por el daño que se hizo. Es todo lo que podemos hacer. No podemos devolver la vida a la gente, pero podemos exigir cuentas por la cantidad de dinero que paguen por el daño causado. Es lo único que podemos hacer", dijo Zalkin.
Según Zalkin, si no consiguen llegar a un acuerdo, es posible que los casos tengan que ser devueltos al tribunal estatal para ir a juicio, y eso es un proceso largo.
Por su parte, Eckery dijo que la diócesis probablemente utilizará dinero de sus excedentes de propiedad y de los ingresos del seguro para cubrir las indemnizaciones de los supervivientes. No obstante, al final del proceso de quiebra, se esperará que las parroquias hagan contribuciones financieras para quedar exentas de responsabilidad.
