El gobernador Gavin Newsom habló este jueves con los residentes de San Ysidro, California, quienes describieron una comunidad en ascuas, donde los residentes legales temen hablar español en público y solicitar beneficios.
Newsom habló con varias personas que dijeron haber vivido en la comunidad fronteriza toda su vida.
Una mujer que creció en Tijuana pero que ha vivido en San Ysidro durante 37 años, dijo: "solía sentirme libre de ir y venir. El sentimiento de libertad siempre estuvo presente, pero desde esta declaración de emergencia y la nueva atmósfera de odio, no hay otra forma de decirlo, ha cambiado".
Otra mujer que trabajaba en la industria de la salud dijo que vivía en la región desde 1974 y dijo que los residentes son hostigados por hablar español en público. "La comunidad está en el límite", dijo.
En febrero, el presidente Donald Trump declaró una emergencia para obtener fondos del muro más allá de los $1,400 millones aprobados por el Congreso para la seguridad fronteriza. La medida le permite al presidente eludir al Congreso para usar el dinero del Pentágono y otros presupuestos.
Los residentes dijeron a Newsom que existen muchos desafíos muy reales, como la crisis de viviendas asequibles y la contaminación del agua en la costa del condado de San Diego.
"San Ysidro no es un mal lugar. No somos malas personas", dijo un residente. "Somos un pueblo estadounidense".
Local
El martes, los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos publicaron estadísticas sobre el número de personas detenidas en la frontera. Según el informe de febrero, por primera vez, el número de familias y menores no acompañados conforman la mayoría de las personas detenidas por los oficiales de CBP.
"El sistema está mucho más allá de la capacidad y permanece en un punto de ruptura", dijo el Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin K. McAleenan.
Se le preguntó al comisionado si un muro fronterizo propuesto resolvería el problema y dijo que se necesita un sistema de barrera fronteriza extendida y cambios en la legislación para ayudar a procesar a los solicitantes de asilo para hacer frente al aumento de personas que cruzan ilegalmente a los Estados Unidos.
