SAN DIEGO - La concejal de la ciudad de Chula Vista, Andrea Cárdenas, y su hermano, Jesús Cárdenas, han sido acusados de delitos graves de conspiración para cometer un delito, lavado de dinero y otros cargos derivados de un presunto préstamo fraudulento para su negocio de consultoría política, informó la fiscalía de distrito del condado de San Diego el miércoles.
Según una denuncia penal, los hermanos obtuvieron de manera fraudulenta un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago de $176,227 a principios de 2021 destinado a su empresa, Grassroots Resources.
La denuncia afirma que Jesús Cárdenas, de 40 años, tergiversó el número de empleados, qué tipo de negocio era y dijo que los fondos del PPP se destinarían a la retención de empleados y la nómina, cuando en realidad los fondos se utilizaron para gastos personales.
Andrea Cárdenas, de 31 años, supuestamente presentó la licencia comercial y los datos de cálculo de nómina para otra empresa, el dispensario de marihuana Harbor Collective, y afirmó que era información para Grassroots Resources, según la denuncia.
Después de recibir el préstamo, la denuncia detalla varias ocasiones en las que los hermanos supuestamente usaron los fondos del préstamo para realizar pagos con tarjeta de crédito, pagos a una cuenta Venmo y un cheque de $33,500 a la cuenta de campaña del Concejo Municipal de Chula Vista de Andrea Cárdenas.
Los hermanos, que serán procesados el próximo jueves en el centro de San Diego, también están acusados de hurto mayor por supuestamente tomar fondos de la Administración de Pequeñas Empresas y enfrentan cargos adicionales por no presentar declaraciones de impuestos.
Jesús Cárdenas, quien fue jefe de gabinete del concejal de la ciudad de San Diego Stephen Whitburn hasta su renuncia a principios de este año, enfrenta hasta cuatro años y cuatro meses de prisión. Andrea Cárdenas enfrenta hasta cinco años y ocho meses si es declarada culpable de todos los cargos.
Local
Un portavoz de Chula Vista dijo que la ciudad no tiene comentarios sobre la denuncia.
Los estatutos de la ciudad establecen que una vacante de un puesto en el concejo sólo ocurriría si un miembro del concejo es condenado por un delito grave, renuncia o está constantemente ausente de las reuniones, entre otras razones. En caso de una vacante, el consejo puede nombrar un reemplazo dentro del año siguiente a la elección o convocar una elección especial si el resto del mandato es superior a un año.
