Un padre de tres niños ciudadanos americanos resultó afectado luego de presentarse a su cita con inmigración en Ciudad Juárez.
La etapa final de un proceso de solicitud de residencia se convirtió en el peor día para una familia de San Diego, ya que le negaron la residencia permanente a un padre de familia al ser considerado una carga pública.
Desde hace ya unos meses se han reportado casos en los que les niegan la tarjeta de residencia o la ciudadanía a ciertos inmigrantes debido a que en algún punto de su vida en este país obtuvieron beneficios públicos.
Este es el caso de la familia Sánchez que hoy sufre las consecuencias de eso y su hogar se ha dividido entre Tijuana y San Diego.
La pesadilla comenzó en mayo, cuando el esposo de Ana Sánchez acudió a su cita con inmigración en Ciudad Juárez.
Ana es ciudadana estadounidense y solicitó la residencia para su esposo quien además contaba con un patrocinador que se había hecho responsable financieramente de él.
“Sus antecedentes están limpios aquí en Estados Unidos y en México, todo lo tiene bien”, comentó Ana Sánchez.
Su petición fue aprobada en San Diego, pero como parte del proceso tuvo que ir a una cita al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez y ahí fue en donde le dijeron que era una carga pública y ya no pudo ingresar al país en el que dejó a su familia.
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En septiembre el Departamento de Seguridad Nacional presentó una propuesta del presidente Trump para cambiar cómo se selecciona a quienes piden la residencia; ahora en lugar de centrarse en los ingresos del patrocinador, investigaran el historial laboral del solicitante y si algún miembro de la familia recibió beneficios públicos del gobierno.
“Mi hijo cree que su papá ya no va regresar, dice que inmigración ha sido muy malo con todos nosotros”, dijo Ana.
En tanto, Ana busca respuestas para confortar a sus hijos, ya que ella tampoco sabe por qué su esposo Leo es considerado una carga para el país.
Por lo pronto tendrán que seguir viviendo separados por una frontera hasta que les aprueben la segunda petición de residencia, algo que puede llevar casi un año.
Por su parte, abogados de inmigración temen que con esta situación, familias de bajos recursos dejen de buscar servicios de salud para sus hijos o ayuda pública que en la mayoría de los casos las familias realmente necesitan.