Es el caso del primer funcionario de Tijuana cuyo caso fue llevado a una corte extranjera.
Finaliza el controversial caso de Luis Torres Santillán, regidor con licencia de Tijuana, acusado por autoridades de EEUU de participar en una red de lavado de dinero.
A Santillán se le dictaron 3 años de libertad condicional, además cumplirá 20 horas de servicio comunitario y pagar una multa de $650.
Además de los 20 días que pasó en la cárcel a final del año pasado: “Si duele, o sea, 20 días en la cárcel fue mi pago, un 24 de diciembre que no pasé con mi familia, un 25 de diciembre que no vi a mis niños sonreír duele, o sea que se queda para siempre”.
Torres había sido acusado de presuntamente lavar más de $10 millones provenientes del crimen organizado al lado de una red de al menos 12 personas, que incluía al empresario casa cambista de Tijuana, David Espinoza, quien Santillán habría contratado para hacer transacciones de su negocio hacia EEUU.
“Todo el dinero que se transportó que se movió, es legítimamente ganado por empresas de la familia, no hay nada escondido, todo es declarado”, dijo Santillán.
Luis Torres decidió declararse culpable de un delito menor, que lo deslinda de los cargos mayores.
“Los cargos que enfrentaba él que eran cargos de lavado de dinero han sido descartados”, dijo John Down, fiscal del caso.
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Cuando abandonó la corte de San Diego tomado de la mano de su esposa, Santillán se mostraba sonriente.
Durante la audiencia de hoy, se declaró culpable de haber contratado los servicios financieros de una empresa que no tenía licencia para operar en California, a cambio la fiscalía le disolvió por lo menos 10 cargos de lavado de dinero.
El pasado 16 de diciembre, a pocos días de haber tomado protesta como regidor, Torres Santillán fue detenido cuando acudía a renovar su pase SENTRI en la frontera. Santillán, quien cuenta con la doble nacionalidad asegura que todo fue un error.
“Yo pagué por un servicio, yo pensé que el servicio estaba completo, tenía todas las regulaciones y todas las licencias, ahora es mi culpa por no haber investigado”, dijo Santillán.
Todo se trató de una violación administrativa, pues aparentemente Santillán nunca se dio cuenta de lo que pasaba con la empresa financiera que contrató, afirmó su abogado, Anthony Colombo.
“No es raro que los acusados lleguen a un acuerdo de culpabilidad que los obliga a rendir cuentas, pero que también descarta el estado de los cargos”, dijo John Down, fiscal del caso.
Luis Torres Santillán no sabe aún si volverá a tomar el puesto de regidor en la ciudad de Tijuana, ya que primero dijo necesitar tomar un tiempo para consultarlo con su familia.
