Tijuana

Delegado Federal: Manifestantes en corredor de exportación y ejido fueron víctimas de fraude

Tanto el delegado único federal como el secretario de gobierno de Baja California señalaron que la situación que experimentan cinco colonias en el este de Tijuana se debe a lo que puede ser interpretado como un fraude por el gobierno de Baja California hace más de 20 años, quien vendió propiedades en litigio

Telemundo

Tras manifestación que detuvo los cruces comerciales en Otay entre Tijuana y EEUU

TIJUANA- La manifestación del lunes en el corredor de exportación de Tijuana, no solo generó pérdidas de hasta $400 millones debido al freno de paso de las mercancías entre Estados Unidos y México, sino que también reveló la incertidumbre de que viven miles de familias en la ciudad, aquellas que pagaron por una propiedad que ahora no saben si realmente es suya.

Esta tierra nos la vendió el estado en litigio, nosotros no sabíamos nada, hasta que se estaban peleando entre el ejido Rojo Gómez y el estado

-Rosalilia Jiménez Hernández, miembro afectado y parte del grupo "Frente de posesionarios para la expropiación para la regularización de la tierra".

El gobierno federal reconoció que este problema es grave y los ciudadanos están en su derecho de reclamar los terrenos que habían pagado al gobierno de Baja California hace más de 20 años y que ahora resultaron tener otro dueño.

“Los manifestantes tienen razón en cuanto a su demanda, es legítima, totalmente legitima”, dijo Alejandro Ruiz Uribe, delegado único federal en Baja California.

Y mostró un error y hasta fraude por parte de quienes lideron el gobierno de Baja California hace más de 20 años, donde los ciudadanos mostraron sus documentos a TELEMUNDO 20.

“Les vendió el gobierno, terrenos que a la postre no eran del gobierno, sino que eran del ejido”, explicó Ruiz Uribe.

TELEMUNDO 20, preguntó al secretario de gobierno si consideraba que estos ciudadanos efectivamente habían sido víctimas de fraude por parte el gobierno del estado y esto respondió, Catalino Zavala, secretario general de gobierno en Baja California.

“Quien vendió fue el estado en representación de particulares, por lo tanto, una acción que no tuvo efectos legales y puede verse como un tema de fraude o un tema de que al final se perdió un juicio”, aseguró el funcionario estatal.

Mientras tanto las autoridades señalaron que, en este caso, no había mucho por hacer, pues el caso ya lo había ganado el ejido.

Piden regularizar terrenos en Baja California

“Al final de cuentas el juicio ya concluyó, ya no hay más que hacer la instancia es definitiva, la misma autoridad nos ha dicho eso”, aseguró Issac Molina Guerra, manifestante y miembro del grupo “Frente de posesionarios para las Expropiación para la regularización de la tierra”.

Por lo que ahora era necesario ver soluciones que implican opciones cómo la expropiación o inversión de hasta $500 millones para dejar a estos ciudadanos en sus viviendas.

“Se había visto una tierra por allá cerca del bulevar 2000, creo que eran 90 hectáreas algo así, pero costaba cara y al gobierno anterior no le alcanzó”, dijo Ruiz Uribe.

Un problema de tenencia de la tierra que por lo menos en Tijuana ya es muy común y tiene a ciudadanos no solo en esas cinco colonias en incertidumbre, sino otra serie de zonas que ahora buscan respuestas.

“Se enciman, documentos, planos, constancias y lamentablemente es muy común ese conflicto en nuestro estado”, aseguró Roman Aboites, presidente federación nacional de abogados liberales.

Este martes, el gobierno estatal pidió calma a los manifestantes pues aseguraron que hasta el momento el presidente ha hecho designaciones para que este problema sea analizado a fondo y se dé una solución.

“Se formó una mesa agraria nacional que está viendo tres temas, el tema de la Morita, el tema del Maclovio Rojos y el tema de la tres de octubre”, agregó Ruiz Uribe.

Y mientras las manifestaciones se han detenido momentáneamente, las autoridades dijeron que esperan que una reunión este miércoles con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, de tranquilidad a las 5,711 personas cuantificadas por el gobierno federal que enfrentan problemas en este caso por contar con un título de propiedad sin valor debido a la última sentencia en el tribunal agrario.

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