SAN DIEGO - El condado de San Diego pagará casi $15 millones para transigir una demanda presentada por la familia de una mujer embarazada de 24 años que murió en la cárcel después de que un ayudante del alguacil y una trabajadora médica la vieron desplomarse en una celda hace cinco años.
El acuerdo alcanzado el viernes por la noche después de largas negociaciones entre el condado y los familiares de Elisa Serna se produjo pocas semanas antes de que el caso fuera a juicio. El acuerdo fue confirmado por el juez que supervisa la demanda federal, informó el martes el San Diego Union-Tribune.
"La cantidad en dólares no importa", dijo la madre de Elisa, Paloma Serna, quien planea continuar abogando por otros hombres y mujeres bajo custodia del alguacil. "Estas cosas no cambian el hecho de que Elisa nunca volverá", indicó.
El condado de San Diego pagará $14 millones, mientras que el Coast Correctional Medical Group, que proporciona profesionales médicos para tratar a las personas en prisión, pagará $1 millón, indicó el periódico.
A principios de este año, la enfermera de la cárcel que atendió el colapso de Serna fue declarada no culpable de homicidio involuntario por la muerte de noviembre de 2019 en el centro de detención de Las Colinas en el suburbio de Santee en San Diego.
Serna, que tenía cinco semanas de embarazo, fue ingresada en la cárcel cinco días antes de su muerte. Sufría del síndrome de abstinencia de alcohol y drogas y le había dicho al personal de la cárcel que consumió heroína horas antes de su arresto, dijeron los fiscales.
Cuando Serna se desmayó, la enfermera no revisó sus signos vitales y la dejó en el suelo de su celda durante aproximadamente una hora, antes de regresar con los agentes para comenzar "medidas inútiles para salvarle la vida", indicaron los fiscales.
El médico forense determinó que murió por complicaciones de un "abuso de polisustancias" crónico.
Además del pago de $15 millones, el acuerdo exige que el departamento del alguacil lleve a cabo nueva capacitación para los agentes y el personal médico de la cárcel.
También permite al juez monitorear el cumplimiento del acuerdo por parte del departamento del alguacil durante los próximos 12 meses, informó el Union-Tribune.
Tras el acuerdo, la alguacil Kelly Martínez emitió un comunicado en el que señaló que no estaba en el cargo cuando Serna murió y promocionó los cambios que ha realizado desde que asumió la posición el año pasado.
"Ha habido muchos cambios y un cambio increíble en las prioridades, el enfoque y los procesos en nuestras cárceles desde 2019", escribió Martínez. "Como alguacil, estoy comprometida a mejorar nuestro sistema penitenciario y garantizar que las cárceles sean seguras para todos los encarcelados y para todos nuestros empleados", indicó.
