TIJUANA- Representantes del Club Campestre de Tijuana preparan la defensa legal ante el decreto anunciado por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, el pasado 14 de marzo, bajo la premisa de convertirlo en espacio público para beneficio de más de un millón de familias.
La controversia continúa, luego de que los abogados afirmaron que han identificado irregularidades en el proceso.
“El club ha iniciado acciones legales, el club se ha visto mermado en sus bienes y derechos ha habido manipulación y habido alteración a las partidas registrales eso está denunciado ante los jueces federales”, declaró Adolfo Solis, representante legal de Club Campestre de Tijuana.
Roberto Quijano, vocero de los socios del Club Campestre, señaló que esta decisión del gobierno actual, es el intento de restringir las libertades.
“Hoy el gobierno del estado trata de restringir el derecho de propiedad y de uso de más de 70 años es el primer paso de un estado totalitario”, afirmó Quijano.
Abogados del Club Campestre de Tijuana señalaron irregularidades por parte del gobierno de Bonilla para la expropiación de este lugar. Pero en conferencia de prensa, el Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez, se pronunció sobre el caso.
“Esto no es ninguna confiscación como dice algún mismo jurídico que ha querido hacer publicidad a base de eso”, indicó Rodríguez.
Representantes del Club Campestre de Tijuana afirmaron que el decreto publicado hace cinco días, tiene deficiencias técnicas y carece de sustento legal, por lo cual se encuentran bajo amparo.
“El nombre del propietario lo eliminaron se tomó una fe de hechos de ello las partidas registrales que acreditaban la propiedad las borraron los oficios con los que hicieron esos cambios no están disponible”, agregó Solis.
Una disputa legal que incluso fue abordado el domingo por la noche por los candidatos a la gubernatura de Baja California, durante el primer debate oficial.
También se habla de una revancha política, sugiriendo un pleito entre el gobernador y el ex alcalde de Tijuana, Arturo González.
“Éste decreto huele, apesta a revancha política entre dos políticos, no huele a un reclamo social”, añadió Quijano.
Los abogados representantes del Club Campestre de Tijuana señalaron que hubo modificaciones a Ley General de Bienes del Estado de Baja California, donde se indica que un bien expropiado constituirá un bien de dominio público, el cual podría ser concesionado, sin licitación.
Por su parte, autoridades estatales afirmaron que no hay atentado contra la propiedad privada y todo lo llevan perfectamente documentado.
“Es un acto apegado a la ley a la jurisprudencia y el gobierno del Estado en su momento pagarán en estos dos años que establece la ley lo que se determine por la expropiación”, dijo Rodríguez.
De acuerdo con los miembros del Club Campestre de Tijuana, la propiedad fue pagada con los recursos de los socios en 1972. Ellos también afirmaron que el club tiene un costo de mantenimiento de 60 millones de pesos al año, mientras que el gobierno del estado contempla sólo 5 millones para el centro recreativo.
Afirman que para llevar a cabo esta expropiación el gobierno debería de pagar más de 1,500 millones de pesos como indemnización de acuerdo con lo que marca la ley de expropiación. Hay un plazo de 15 días para presentar todas las evidencias legales y que se defina el futuro de este inmueble.
