Los ayuntamientos de Chula Vista y National City estudiarán las prohibiciones y podrían seguir los pasos del condado y las ciudades de San Diego, San Marcos y Escondido, entre otras. Karla González con los detalles.
SAN DIEGO - Dos ciudades del sur de la bahía votaron el martes la adopción de prohibiciones para los campamentos de personas sin hogar en la propiedad pública, siendo ésta la última medida para criminalizar a las personas sin hogar tras una sentencia del Tribunal Supremo a principios de este año.
La idea pasó su primera lectura en el Ayuntamiento de Chula Vista, y el de National City votó por unanimidad poner en vigor la prohibición, siguiendo al condado y a las ciudades de San Diego, San Marcos, Escondido y otras. Está previsto que la prohibición de National City entre en vigor dentro de un mes.
El alcalde de National City, Ron Morrison, dice que la ciudad ya está viendo una afluencia de personas sin hogar como resultado de la prohibición de los campamentos de San Diego.
"Son personas de otros lugares que son empujadas y sacadas de otros lugares", dijo Morrison. "En cierto modo nos quedamos atascados con él".
El alcalde de National City dijo que la ciudad tiene que tratar de crear algún tipo de protección, sobre todo porque la vecina Chula Vista también está dispuesta a promulgar una prohibición similar.
"En los últimos cuatro años, la crisis de las personas sin hogar ha crecido y se ha duplicado el número de estas personas con respecto a años anteriores", se lee en un informe del personal municipal de la ciudad de Chula Vista. " Con frecuencia, las personas sin hogar ocupan espacios públicos y otros lugares no destinados a ser habitados".
El proyecto de ley que se debatió en la reunión de las 5:00 p.m. en Chula Vista "prohibiría acampar y sentarse, dormir, acostarse o guardar objetos personales en propiedad pública" en determinados lugares de la ciudad.
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La normativa de National City es similar e incluso reconoce el efecto dominó de la prohibición de San Diego.
" El equipo de divulgación de las personas sin hogar de la ciudad ha visto una afluencia de indigentes en National City procedentes de la ciudad de San Diego desde que entró en vigor la prohibición de acampar en San Diego", se lee en un informe del personal de la ciudad. "A medida que aumenta el número de personas sin hogar, también lo hacen los riesgos para la salud y la seguridad de la actividad humana no regulada cuando se instalan tiendas o campamentos en áreas públicas".
El número de personas sin hogar en la región aumentó alrededor del 20% entre 2022 y 2023, según el recuento anual Point-in-Time del Regional Task Force on Homelessness. National City vio un aumento de personas sin hogar del 9,4% entre 2023 y 2024 - de 159 a 174 personas - mientras que Chula Vista vio un aumento enorme del 58,2%, pasando de 318 a 503.
Sin embargo, el número de camas de albergue en el condado está lamentablemente por debajo de lo necesario. Tan sólo en la ciudad de San Diego, los futuros desarrollos en Golden Hall, el Centro Paul Mirabile del Padre Joe y el Refugio Rachel's Promise, junto con el cierre programado de varios refugios temporales, significa que el recuento actual de camas de refugio de la ciudad de 2.508 podría caer precipitadamente en los próximos meses. En el recuento de enero había 3.489 personas sin hogar.
El aumento de estas prohibiciones se produce tras la decisión adoptada en junio por el Tribunal Supremo de EEUU en el llamado caso Grants Pass, que autorizó a los gobiernos a aplicar leyes contra la instalación de campamentos aunque no se disponga de alojamiento alternativo. El fallo permite imponer castigos por infringir las leyes antiacampada, que incluyen citaciones o detenciones.
El Tribunal Supremo revocó el 28 de junio por 6-3 una sentencia de un tribunal de apelación de San Francisco que consideraba que las prohibiciones de dormir al aire libre equivalen a un castigo cruel e inusual cuando no hay espacio disponible para albergar a las personas sin hogar. El fallo de la mayoría del Tribunal Supremo consideró que la 8ª Enmienda no es aplicable a las prohibiciones de dormir al aire libre.
El caso se originó en la localidad rural de Grants Pass, en Oregón, que recurrió una sentencia que anulaba las disposiciones locales que multaban con $295 a las personas por dormir al aire libre después de que las tiendas de campaña empezaran a abarrotar los parques públicos. El Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos, que tiene jurisdicción sobre nueve estados occidentales, dictaminó en 2018 que tales prohibiciones violan la 8ª Enmienda de quienes se encuentran en zonas donde no hay suficientes camas de refugio.
Los tres jueces de ideas liberales, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, expresaron su desacuerdo.
En julio, el gobernador Gavin Newsom siguió el caso de Grants Pass con una orden ejecutiva para la retirada de campamentos de personas sin hogar en el estado, añadiendo al mismo tiempo que las autoridades locales serán las que decidan sobre las expulsiones .
La orden sigue a una decisión del Tribunal Supremo de EEUU a principios de este verano que permite a las ciudades hacer cumplir las prohibiciones de dormir al aire libre en espacios públicos.
" El Estado ha estado trabajando duro para hacer frente a esta crisis en nuestras calles", dijo Newsom en un comunicado. "Sencillamente, ya no hay excusas".
La orden de Newsom exige a las agencias estatales que actúen con urgencia para resolver el problema de los campamentos, al tiempo que apoyan y ayudan a las personas que viven en ellos. También proporciona orientación para que las ciudades y los condados hagan lo mismo.
" Debemos actuar con urgencia para hacer frente a los campamentos peligrosos", dijo Newsom.
El diácono Jim Vargas, presidente y director ejecutivo de Father Joe's Villages, comentó la orden ejecutiva de Newsom.
"La gente -independientemente de sus circunstancias- tiene derecho a un refugio seguro y adecuado. Pero miles de personas y familias en todo California tienen pocas opciones cuando vienen a pasar la noche", dijo. "En nuestra calidad de uno de los mayores proveedores de asistencia a las personas sin hogar del sur de California, sabemos que la cárcel no es la solución a esta crisis creciente. Es fundamental que todos los esfuerzos para eliminar los campamentos vayan acompañados de esfuerzos para aumentar la disponibilidad y la diversidad de los refugios en nuestras ciudades y regiones, incluidas las opciones de refugio que se centran específicamente en las necesidades únicas, como el tratamiento del consumo de sustancias".
"Junto con el refugio, también debemos priorizar el aumento de la oferta de viviendas asequibles y la capacidad de acceder a servicios integrales que ayuden a las personas a alcanzar y mantener la autosuficiencia", escribió Vargas en un comunicado. "La falta de vivienda es una crisis que podemos resolver en nuestras comunidades, pero las soluciones deben basarse en nuestra humanidad compartida. Debemos afrontar este momento con compasión y acción para nuestros vecinos necesitados".
