San Diego

Alguacil del condado de San Diego desafía política de no cooperación con las autoridades migratorias

Kelly Martínez expresó que no respetaría la nueva política.

Telemundo

SAN DIEGO - La alguacil del condado de San Diego, Kelly Martínez, desafió el martes una nueva política que limita la cooperación con las autoridades federales de inmigración, lo que generó un enfrentamiento por un nuevo obstáculo a los planes de deportación masiva del presidente electo Donald Trump.

Más temprano el martes, los supervisores del condado de San Diego votaron a favor de prohibir que su departamento del alguacil colabore con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en la aplicación por parte de la agencia federal de las leyes civiles de inmigración, incluidas las que permiten las deportaciones. La ley de California generalmente prohíbe la cooperación, pero hace excepciones para aquellos condenados por ciertos delitos violentos.

"No permitiremos que nuestros recursos locales se utilicen para acciones que separen a las familias, dañen la confianza de la comunidad o desvíen recursos locales críticos para abordar nuestros desafíos más urgentes", dijo Nora Vargas, quien se unió a otros dos demócratas en la junta de supervisores para aprobar la política.

Poco después, Kelly Martínez expresó que la junta no establece una política fija para el alguacil, quien, al igual que los supervisores, es un funcionario electo. Agregó que no respetaría la nueva política.

"La ley estatal actual logra el equilibrio adecuado entre limitar la cooperación de las fuerzas de seguridad locales con las autoridades de inmigración, garantizar la seguridad pública y generar confianza en la comunidad", indicó Martínez, cuya oficina no es partidista pero se ha identificado como demócrata.

El condado de San Diego, con 3.3 millones de habitantes y ubicado en la frontera de Estados Unidos con México, es uno de los gobiernos locales más destacados en reforzar las protecciones para las personas que se encuentran en el país ilegalmente. Al mismo tiempo, algunos estados y condados se están preparando para apoyar los esfuerzos de deportación de Trump.

ICE tiene recursos limitados para llevar a cabo las deportaciones masivas que Trump quiere. Por esa razón, dependerá en gran medida de los alguaciles para que le notifiquen sobre las personas que están bajo su custodia y las retengan temporalmente, si así se lo piden, para que los funcionarios federales tengan tiempo de arrestarlas por cargos de inmigración.

El zar fronterizo de Trump, Tom Homan, ha señalado a San Diego como un lugar donde los planes de la administración entrante se ven complicados por las leyes de "santuario", un término poco preciso para los gobiernos estatales y locales que restringen la cooperación con las autoridades federales de inmigración. Dijo el domingo en Fox News Channel que las leyes que niegan a ICE el acceso a las cárceles del condado "ponen a la comunidad en riesgo". A diferencia de San Diego, Homan planea reunirse con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, un demócrata que ha expresado interés en colaborar.

La política pone a San Diego en línea con otros siete condados de California, incluido Los Ángeles, el más grande del país, que recientemente adoptaron una política que va más allá de la ley estatal, dijo Vargas.

Jim Desmond, el único disidente, aseguró que la política protegerá a las personas condenadas por delitos violentos, y recordó la muerte a tiros de Kate Steinle, de 32 años, en San Francisco en 2015, y otros ataques de alto perfil cometidos por personas que se encuentran en el país ilegalmente.

"Estas tragedias se pueden prevenir, pero las leyes de santuario permiten que ocurran al permitir que los delincuentes ilegales regresen a nuestras comunidades en lugar de que caigan en manos de ICE", sentenció Desmond, un republicano.

Vargas indicó que "una laguna legal" en la ley estatal que permite a los alguaciles trabajar con el ICE en circunstancias limitadas para personas condenadas por delitos violentos había dado como resultado que el condado transfiriera de 100 a 200 individuos por año a las autoridades de inmigración. ICE ahora necesitará una orden judicial para obtener ayuda del condado.

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