SAN DIEGO – El asambleísta demócrata Eduardo García presentó en la legislatura de California la propuesta de ley 2847 la cual crearía un programa piloto para ofrecer dinero semanalmente durante 20 semanas a personas desempleadas que no sean elegibles para recibir el beneficio de desempleo por ser indocumentados.
El programa ofrecería $300 semanales durante 20 semanas a los más 5 millones de personas sin autorización para trabajar, según la Universidad del Sur de California, que residen en el estado.
“Creo que es una muy buena idea porque sabemos que muchas personas indocumentadas quedaran fuera de recibir los beneficios por parte del estado y el gobierno federal y la pandemia afectó a todos por igual”, opina Pedro Ríos, del Comité de Amigos.
La propuesta le pide a la Agencia de Trabajo y Desarrollo de California la asistencia con 690 millones de dólares.
Según Haim Vásquez, abogado de inmigración “ciertas personas no tienen un estatus legal permanente pero basados en permisos o visas tienen la oportunidad de trabajar”.
Además, le solicita a la agencia la recomendación de planes para establecer un seguro permanente de desempleo para indocumentados en el estado antes de agosto de 2024.
“Van a haber personas que dicen que no merecen recibir ningún tipo de beneficio porque no tienen documentación, pero es importante reconocer que se deben reconocer con dignidad y respeto por el hecho de estar vulnerables por perder sus trabajos”, dice Ríos.
De acuerdo con la organización sin fines de lucro Instituto de Policitas Económicas y de Impuestos, los indocumentados en California aportan aproximadamente 3 mil millones de dólares anuales en impuestos locales y estatales.
“Los estados pueden presentar leyes que pueden amparar a personas de ciertos beneficios estatales basados en empleo o desempleo, pero esto también puede causar consecuencias inmigratorias en un futuro”, advierte Vásquez.
Porque todo lo que brilla no es oro. Y la ley de inmigración es complicada y esquiva, sobre todo con la aplicación de la regla de carga pública.
“Ciertos beneficios estatales, de naciones indígenas, del gobierno federal o estatal pueden causar carga pública para una persona cuando está presentándose para beneficios migratorios. Usualmente carga pública es dinero entregado a una persona en el cual ese dinero no es basado en una emergencia”, explica Vásquez.
La propuesta de ley beneficiaría a quienes queden desempleados desde el primero de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. California, actualmente, tiene una deuda de 20 mil millones de dólares con el gobierno federal, los cuales fueros préstamos destinados a la subvención del desempleo estatal.
Estanes aún una propuesta en la legislatura de California a la cual le daremos seguimiento, al igual de cómo evolucionará con respecto a sus posibles repercusiones en la regla de carga pública.
