MC ALLEN, Texas - María García empezó la semana llena de esperanza. Visitó la oficina de su abogado en Los Ángeles, dejó los documentos necesarios para poder presentar su solicitud al nuevo programa de inmigración del gobierno del presidente Joe Biden que podría dar finalmente a su marido, Roberto, la residencia legal como cónyuge de un ciudadano estadounidense.
Pero horas más tarde el lunes, ese sueño se vio interrumpido cuando un juez federal de Texas suspendió temporalmente el programa que podría beneficiar a aproximadamente 500,000 migrantes en Estados Unidos, congelando una de las acciones presidenciales más grandes hasta la fecha para facilitar la vía a la naturalización.
“Están dañando a las familias americanas, estamos en el limbo”, dijo María García, estadounidense de 44 años de edad que contrajo matrimonio con Roberto en 2017. “Siento mucho coraje, impotencia. ¿Por qué bloquear a familias que tienen toda una vida acá?”.
La suspensión emitida por el juez federal de distrito J. Campbell Barker se produjo en respuesta a una demanda interpuesta por 16 estados, encabezada por fiscales generales republicanos, que presentaron una demanda días después de que el programa empezó a aceptar solicitudes la semana pasada.
La orden, conocida como una suspensión administrativa, estará en vigor por 14 días, pero podría prorrogarse.
Los estados afirman que el programa podría causar un daño irreparable y acusan al gobierno de eludir al Congreso con “descarados fines políticos”.
El martes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) declaró que el gobierno seguirá aceptando solicitudes y defendiendo el programa ante los tribunales. Los solicitantes que hayan recibido permiso temporal antes de la orden no se verán afectados, según el departamento.
El DHS no respondió a preguntas sobre cuántas solicitudes se recibieron o aprobaron o cuánto tiempo se tarda en determinar el resultado de un caso en el marco del programa, que el gobierno denominó “Manteniendo a las familias juntas".
El programa “'Manteniendo a las familias juntas' permite a los ciudadanos estadounidenses y a sus familiares vivir sin miedo a la separación, en consonancia con los valores fundamentales estadounidenses”, dijo el DHS en un comunicado.
Gregory Chen, director de relaciones gubernamentales de la American Immigration Lawyers Association, dijo que había oído de abogados afiliados a la asociación de al menos cientos de personas que habían solicitado desde que el programa se puso en marcha el 19 de agosto, incluyendo algunos que solicitaron y fueron aprobados al día siguiente.
Los abogados también se apresuran a entender lo que la orden significa para sus clientes. Según Chen, el servidor de listas de la organización para los abogados interesados en el programa “estalló” después de la decisión del juez a última hora del lunes con preguntas sobre lo que significa la decisión.
La organización ha ofrecido tres seminarios web para informar a los abogados sobre el programa, bajo el cual muchos cónyuges sin estatus legal pueden solicitar algo conocido como “permiso de permanencia temporal en el país”.
A uno de esos seminarios asistieron unos 1,000 abogados, una cifra extremadamente alta para una de las ofertas educativas del grupo, dijo Chen.
“Demuestra un altísimo nivel de interés en este programa”, comentó Chen.
El fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, cuya oficina está ayudando a dirigir la demanda, aplaudió la orden del juez. “Este es sólo el primer paso. Vamos a seguir luchando por Texas, nuestro país y el Estado de Derecho”, señaló en un comunicado.
Los matrimonios como el de los García están ahora pendientes de cada actualización en su caso.
Roberto García, de 37 años, es el único de la familia de cinco integrantes que no tiene la nacionalidad estadounidense, pero es el único proveedor para la familia. Llegó a Estados Unidos tras cruzar la frontera en 2009 y desde entonces ha enviado dinero a su familia en México.
Tiene un negocio de construcción en Los Ángeles y lleva a sus tres hijos a la escuela, uno de ellos que acude a una escuela privada católica. Su esposa, Maria, sufrió un accidente automovilístico en 2023 y se sometió a tres cirugías. Tampoco puede trabajar y no había podido manejar por más de un año, hasta hace poco.
“No pensé que esto iba a pasar, es algo muy duro”, dijo Roberto García, refiriéndose a la orden que suspendió el programa. “No somos prioridad, es malo que jueguen con los sentimientos de la gente”.
Entre los requisitos exigidos figuran haber residido en el país de forma continuada durante 10 años, no suponer una amenaza para la seguridad ni tener antecedentes penales que los descalifiquen y haber contraído matrimonio antes del 17 de junio, fecha del anuncio del programa.
Los solicitantes también tenían que presentar una larga solicitud y pagar una tasa de presentación de $580.
María García dijo que han pagado unos $3,000 a abogados que les han ayudado a preparar todos los documentos requeridos para solicitar el programa de libertad condicional.
El gobierno ha dicho que sigue recibiendo las solicitudes, aunque no puede aprobarlas. Pero como la política está en suspenso y el abogado aún no ha presentado su solicitud, María García dice que se lo está pensando dos veces antes de pagar la abultada tasa de presentación.
Si se aprueba, los solicitantes tienen tres años para pedir la residencia permanente. Durante ese periodo, pueden obtener un permiso de trabajo.
Antes de este programa, era complicado que las personas que estaban en Estados Unidos ilegalmente obtuvieran la tarjeta verde tras casarse con un ciudadano estadounidense. Se les podía exigir que regresaran a su país de origen -a menudo durante años- y siempre corrían el riesgo de que no se les permitiera volver.
María García dijo que está perdiendo la esperanza y considera mudarse a México, donde su esposo tiene a sus padres y hermanos.
“Aquí nunca vamos a poder comprar una casa”, comentó. “Aquí si haces las cosas mal te premian, si haces las cosas bien te castigan”, comentó.
