Los fiscales generales de 20 estados de Estados Unidos, entre ellos Florida y Texas, presentaron este martes una demanda contra el programa del Gobierno del presidente Joe Biden de conceder 30,000 visados humanitarios a migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
Los estados que demandaron fueron Texas, Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, South Carolina, Tennessee, Utah, West Virginia, y Wyoming.
La demanda busca que un juez federal bloquee el programa de parole humanitario para ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua con un patrocinador, implementado con el objetivo de detener la crisis en la frontera.
¿POR QUÉ PRESENTARON LA DEMANDA?
En su denuncia, liderada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, los demandantes argumentan que ese plan permitirá la llegada de cientos de miles de migrantes a zonas de Estados Unidos que ya están "sobrecargadas".
Y subrayaron que con esta iniciativa el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) está abusando de su autoridad para conceder permisos humanitarios.
A juicio de quienes emprendieron la acción, el plan del Gobierno federal debería ser declarado ilegal porque con él los demandados han excedido su autoridad para conceder este tipo de visados, y, además, no han tenido en cuenta si existe la capacidad para expulsar a los beneficiarios del programa una vez que se agote el permiso de dos años para estar en Estados Unidos.
La demanda está dirigida contra el DHS y su titular, Alejandro Mayorkas, así como contra las agencias federales encargadas de velar por la seguridad fronteriza y de regular el flujo migratorio y sus responsables.
Aparecen demandados los principales funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, de Inmigración y Ciudadanía, de la Patrulla de protección de fronteras y la policía migratoria ICE.
“Esperábamos una demanda claramente, pero es irónico porque la queja es que la frontera está fuera de control, y este es un buen programa podrías resolver la crisis en la frontera de una manera más efectiva”, dice el abogado Joseph A. Malouf.
“Los grupos conservadores quieren hacer una limitación de este programa de parole, que debe ser de carácter excepcional y caso por caso, y que debía haber sido transparentado a través de un proceso de análisis y discusión, antes de ser implementado”, dice el abogado Santiago Alpízar.
“Y ahora el juez tiene que, esencialmente, estudiar el caso, encontrar si hay o no razones humanitarias, que las hay en este caso. Sabemos que esa es la razón principal. Y también si esto es algo para el beneficio público. Y yo creo que también lo es, comparado con la entrada de personas de manera ilegal en la frontera”, dice Malouf.
Con información de EFE
