LOS ÁNGELES - Jesús Hermosillo y su esposa Amalia se dejaron convencer de que el asilo era el camino indicado para salir de las sombras y legalizar su estatus en Estados Unidos. Lo que no sabían es que, como a cientos de miles, presentar esta solicitud los dejaría al borde de la deportación.
Antes de decidir legalizarse, la pareja de origen mexicano vivió casi 15 años de forma indocumentada en el sur de California, donde tuvieron a sus dos hijas, ahora de 30 y 22 años.
Fue precisamente por ellas que siguieron los consejos de un "notario" (un tramitador que no es abogado) que en 2002 les vendió la idea de que presentaran una solicitud de asilo para poder obtener la residencia permanente.
MUCHOS INMIGRANTES RECIBEN MALOS CONSEJOS DE NOTARIOS PÚBLICOS
“Nos dijeron que teníamos que buscar pruebas sobre el peligro que correrían mis hijas si nos deportaban a México”, contó a Efe Jesús, de 56 años.
Inicialmente, el paso que habían tomado parecía ser el correcto. Jesús y Amalia recibieron permisos de trabajo con una vigencia de 18 meses, lo que les permitió obtener mejores ingresos.
“Fue una gran diferencia. Podíamos trabajar y conducir sin miedo”, señaló Amalia.
Pero la dicha les duró sólo 18 meses. Las autoridades migratorias no les renovaron el permiso de trabajo y enviaron el proceso de asilo a una corte de inmigración.
En 2008, un juez de inmigración les negó el asilo y ordenó su deportación. “Salimos llorando; no sabíamos qué íbamos a hacer”, relató Jesús.
La pareja consideró salir de Estados Unidos y dejar a sus hijas con familiares en California, pero la idea no terminó de convencerlos y decidieron quedarse.
“Siempre hemos sido bien portados, pero en esa época nos tocó tomar protecciones extra. Cualquier error y nos encontraban”, dijo Amalia, de 54 años, quien contó que tuvieron que cambiarse de casa varias veces.
“Cuando tienes una orden de deportación no sabes si vas a estar en tu casa al día siguiente”, agregó.
En este mismo dilema se encuentran cientos de miles de inmigrantes, dijo a Efe la abogada Karla Navarrete, directora de Servicios Legales de Inmigración de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
“Muchos notarios, e incluso abogados, utilizan el anhelo de los indocumentados y les dicen que sí tienen opciones de ajustar su estatus cuando realmente lo que hacen es exponerlos a una deportación”, señaló Navarrete.
El abogado de inmigración Álex Gálvez coincide en cuanto al gran número de inmigrantes que son engañados con la promesa del asilo. “El problema es que muchos no tienen méritos para presentar estas solicitudes de asilo, y por eso los jueces las niegan”, explicó.
Las cifras respaldan la advertencia de los abogados. Más de 280,000 solicitudes de asilo han sido denegadas de 2001 hasta julio de 2022 en Estados Unidos, según datos del centro de análisis Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse en Nueva York.
El número de casos denegados aumentó durante el gobierno del presidente Donald Trump (2017-2021).
Por ejemplo, de las 60,644 decisiones emitidas en 2020, 42,590 fueron en contra de los solicitantes.
Tras la negativa, algunos inmigrantes deciden seguir la lucha por el asilo ante la Junta de Apelaciones de Inmigración; otros, como los Hermosillo, deciden esperar una oportunidad.
La nueva esperanza para la pareja mexicana se presentó cuando su hija mayor cumplió 21 años y ellos buscaron en 2014 apoyo legal en CHIRLA.
Navarrete explica que el caso representó un gran reto porque primero se necesitaba eliminar la orden de deportación que pesaba contra la pareja, pero se logró gracias a un acuerdo con el fiscal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Sin embargo, la abogada dijo que eso es "algo que ahora es muy difícil", aludiendo al fallo de un juez federal de Texas que en junio pasado anuló las directrices del gobierno del presidente Joe Biden para detener y deportar extranjeros, que dan prioridad a quienes suponen un peligro a la seguridad de EEUU.
El magistrado Drew Tipton falló en favor de una demanda presentada por Texas y Louisiana para dejar en pie las prioridades establecidas por el gobierno de Trump, que pusieron en la mira de la deportación a todos los indocumentados.
En el caso de los Hermosillo, un juez de inmigración anuló la orden de deportación y accedió a que la pareja ajustara su estatus por medio de una petición familiar realizada por la hija, mayor de edad y ciudadana estadounidense.
La pareja logró finalmente obtener su residencia permanente en enero de 2017, y ahora han iniciado su trámite de naturalización.
“Quisimos exponer nuestro caso para que nuestra comunidad se informe y no se deje engañar”, subrayó Jesús.
Por su parte, Navarrete aconsejó a los inmigrantes indocumentados mantener sus expedientes en orden y “estar conscientes de su realidad migratoria”.
