El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, emitió este miércoles un memorándum en el que actualiza las "áreas protegidas" en las que tanto el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE por sus siglas en inglés, y la Patrulla Fronteriza no podrán realizar operativos o redadas y que deja sin efecto memos previos emitidos en 2011 y 2013.
Según el documento, buscan que los objetivos de ambos cuerpos sean alcanzados sin obstruir el acceso de las personas a servicios y actividades básicas, entre las que cuentan educación, atención de salud y eventos religiosos, entre otros.
Además especifican ejemplos, aunque enfatizan que no representan la lista completa de lugares protegidos, como: centros educativos (desde escuelas hasta universidades), religiosos (como iglesias y sedes temporales), parques, centros de recreación y de cuidado infantil, sedes de servicios sociales, puntos de atención de emergencia tras tragedias naturales y rutas de evacuación, establecimientos funerarios, cementerios y los sitios donde se realicen desfiles o manifestaciones, entre otros.
Puedes ver el memorándum completo en la parte inferior.
El documento también establece excepciones dadas por situaciones de amenaza a la seguridad nacional, riesgo de muerte, violencia o daño físico a las personas y otras que representen riesgo público o donde no haya opciones.
Estas directrices entran en vigencia de forma inmediata y el memo instruye a que sean entrenados quienes deberán ponerlo en práctica y que cualquier operación quede totalmente registrada en documentos internos.
FIN A LAS REDADAS EN EL TRABAJO Y MÁS PROTECCIÓN
El gobierno federal ya había formalizado a mediados de octubre que no habría más redadas en lugares de trabajo en busca de inmigrantes indocumentados y se centrará más en los empleadores y en el respeto de las leyes laborales para evitar la "explotación" de los migrantes.
"No toleraremos que los empleadores inescrupulosos que explotan a los trabajadores no autorizados conduzcan actividades ilegales o impongan condiciones de trabajo insalubres o peligrosas", indicó en un comunicado el jefe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Alejandro Mayorkas.
Un memorando de Mayorkas estableció el fin de las redadas masivas en los sitios de trabajo indicando que, durante el gobierno del expresidente Donald Trump, "esas operaciones resultaron en el arresto simultáneo de cientos de trabajadores".
Las redadas "se usaron como una herramienta de los empleadores explotadores para suprimir y como represalia contra la afirmación de nuestras leyes laborales por parte de los trabajadores", indicó el comunicado.
"Los empleados que incurran en acciones ilegales serán el foco de nuestros recursos para la aplicación de las leyes", dijo Mayorkas. "Al adoptar medidas que se enfocan en los empleadores más inescrupulosos, protegeremos a los trabajadores y al mismo tiempo a las empresas estadounidenses legítimas".
A comienzos de 2020, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) llegó a tener un promedio diario de 40,000 personas detenidas y actualmente tiene poco más de 21,800 bajo su custodia en diferentes centros de detención en todo el país.
Las detenciones, que durante el gobierno de Trump incluyeron redadas en sitios de trabajo, bajaron de 6,000 en diciembre del 2020 a 3,600 en agosto del 2021, según los datos de ICE.
En julio, el Caucus Hispano en el Congreso afirmó en un comunicado que "el vilipendio de las comunidades inmigrantes ha incrementado la vigilancia y los arrestos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), a menudo en colaboración con las policías locales".
"Las redadas y arrestos colectivos dirigidos predominantemente a las comunidades inmigrantes, y que a menudo ocurren en escuelas o sitios de trabajo, erosionan la confianza entre las comunidades y la policía", añadió la declaración.
Este memorando se une al cambio de prioridades para los arrestos y deportaciones de inmigrantes indocumentados por parte de ICE que el gobierno federal anunció el el 30 de septiembre, y que entrará en vigor el próximo 29 de noviembre.
Según las nuevas normas, la prioridad será la detención y deportación de criminales y de quienes hayan cruzado la frontera recientemente de forma ilegal.
Entonces, Mayorkas dijo al diario The Washington Post que los agentes de ICE no deberán arrestar y deportar a trabajadores rurales, ancianos o aquellos que hayan denunciado a propietarios de viviendas o empleadores "inescrupulosos" o que hayan participado en manifestaciones de protesta.
