El secretario de salud federal habló con Telemundo Chicago sobre el proceso detrás del anuncio de la reclasificación de la marihuana como una droga menos peligrosa y los pasos que siguen.
ESTADOS UNIDOS - La DEA se encamina a reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa. La propuesta del Departamento de Justicia reconocería los usos médicos del cannabis, pero no lo legalizaría para uso recreativo.
La propuesta trasladaría la marihuana del grupo de la “Clasificación I” al grupo de la “Clasificación III”, regulado menos estrictamente.
Entonces, ¿qué significa eso y cuáles son las implicaciones?
Técnicamente, nada todavía. La propuesta debe ser revisada por la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, y luego pasar por un período de comentarios públicos y revisión por parte de un juez administrativo, un proceso que podría ser largo.
No obstante, la reclasificación se considera un “cambio de paradigma, y es muy emocionante”, dijo a The Associated Press Vince Sliwoski —un abogado especializado en cannabis y psicodélicos que radica en Portland, Oregon, y dirige blogs jurídicos bien conocidos sobre esos temas— cuando el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) recomendó el cambio.
“No puedo dejar de enfatizar la gran noticia que es”, agregó.
Se dio a conocer después de que el año pasado el presidente Joe Biden les pidiera tanto al HHS como al secretario de Justicia, que supervisa a la DEA, que revisaran cómo se clasifica la marihuana. Jurídicamente, la Clasificación I la tiene a la par con la heroína, el LSD, los quaaludes (metacualonas) y el éxtasis, entre otras.
Biden respalda la legalización de la marihuana medicinal para su uso “cuando sea apropiado, de acuerdo con la evidencia médica y científica”, dijo el jueves Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca. “Por eso es importante que se realice esta revisión independiente”.
No. Los fármacos de la Clasificación III —que incluyen la ketamina, los esteroides anabólicos y algunas combinaciones de paracetamol y codeína— todavía son sustancias controladas.
Están sujetos a varias reglas que permiten algunos usos médicos, pero también al enjuiciamiento penal federal de cualquiera que trafique estos fármacos sin permiso.
No se prevén cambios en los programas de marihuana medicinal actualmente autorizados en 38 estados, ni en los mercados legales de cannabis recreativo en 23 estados, pero es improbable que cumplirían con los requisitos federales de producción, mantenimiento de registros, emisión de recetas y otros para las drogas de la Clasificación III.
No ha habido muchos enjuiciamientos federales por la posesión simple de marihuana en los últimos años, incluso bajo el estatus actual del cannabis en la Clasificación I, pero la reclasificación no tendría un impacto inmediato en las personas que ya se encuentran en el sistema de justicia penal.
“En pocas palabras, este paso de la Clasificación I a la Clasificación III no sacará a la gente de la cárcel”, dijo David Culver, vicepresidente sénior de asuntos públicos del U.S. Cannabis Council, un grupo comercial del sector que aboga por la legalización.
Pero el cambio de clasificación en sí mismo tendría cierto impacto, particularmente en la investigación y en los impuestos a las empresas de marihuana.
Debido a que la marihuana está en la Clasificación I, ha sido muy difícil realizar estudios clínicos autorizados que involucren la administración de la droga. Esto ha creado una especie de círculo vicioso: exige más investigación, pero tiene impedimentos para llevarla a cabo. (En ocasiones los científicos se basan en los reportes de las personas sobre su consumo de marihuana).
Los fármacos de la Clasificación III son más fáciles de estudiar, aunque la reclasificación no revertiría de inmediato todas las barreras a la investigación.
“Va a ser muy confuso durante mucho tiempo”, dijo Ziva Cooper, directora del Centro de Cannabis y Cannabinoides de la Universidad de California, campus Los Ángeles. “Cuando las cosas estén más claras —no sé en cuántos años—, la investigación será más fácil”.
Entre las incógnitas está la siguiente: si los investigadores podrán estudiar la marihuana de dispensarios autorizados por los estados, y cómo la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) podría supervisar eso.
Algunos investigadores se muestran optimistas.
“El cambiar la clasificación a la Clasificación III abrirá la puerta para que podamos realizar investigaciones con sujetos humanos y cannabis”, dijo Susan Ferguson, directora del Instituto de Adicciones, Drogas y Alcohol de la Universidad de Washington en Seattle.
Según el código tributario federal, las empresas involucradas en “traficar” marihuana o cualquier otra droga de la Clasificación I o la II no pueden deducir el alquiler, la nómina ni otros gastos como lo hacen otras compañías. (Sí, algunas empresas de cannabis —en particular las que tienen licencia estatal— pagan impuestos al gobierno federal, a pesar de que prohíbe el uso de la marihuana). Grupos del sector dicen que a menudo la tasa impositiva resulta en 70% o más.
La regla sobre las deducciones no aplica a los medicamentos de la Clasificación III, por lo que el cambio propuesto reduciría sustancialmente los impuestos de las empresas de cannabis.
Dicen que les daría un trato similar al que reciben otros sectores económicos y los ayudaría a competir contra traficantes ilegales que frustran a los licenciatarios y funcionarios en lugares como Nueva York.
“Vas a fortalecer estos programas legales estatales”, dice Adam Goers, de The Cannabist Company, anteriormente llamada Columbia Care, gigante del cannabis medicinal y recreativo. Goers copreside una coalición de actores corporativos y de otro tipo que presionan para que una droga pase de una clasificación a otra.
Si esos costos pudieran deducirse, ello también podría significar más promoción y publicidad del cannabis, según Beau Kilmer, codirector del Centro de Investigación de Políticas de Drogas de la Corporación RAND.
El que cambiara de clasificación no afectaría directamente otro problema del negocio de la marihuana: la dificultad para acceder a los bancos, particularmente para préstamos, porque las instituciones reguladas federalmente desconfían del estatus legal de la droga. Más bien, el sector ha estado aguardando la implementación de una medida llamada Ley Bancaria de Regulación de Aplicación Segura y Justa (SAFER, por sus siglas en inglés). La Cámara de Representantes la ha aprobado repetidas veces, pero se ha estancado en el Senado.
Efectivamente, los hay, incluido Smart Approaches to Marijuana, un grupo a nivel nacional que se opone a su legalización. Su presidente, Kevin Sabet, exfuncionario de políticas sobre drogas del gobierno de Barack Obama, dijo que la recomendación del HHS “va en contra de la ciencia; apesta a política” y le da un guiño lamentable a un sector “que busca desesperadamente la legitimidad”.
Algunos defensores de la legalización dicen que cambiar la marihuana de clasificación es demasiado gradual. Quieren seguirse enfocando en eliminarla por completo de la lista de sustancias controladas, que no incluye artículos como el alcohol o el tabaco (que están regulados, pero no es lo mismo).
Paul Armentano, subdirector de la Organización Nacional para la Reforma de las Leyes sobre la Marihuana, dijo que el sólo reclasificar el cannabis sería “perpetuar la división existente entre las políticas estatales y las federales sobre la marihuana”.
Kaliko Castille, expresidente de la Minority Cannabis Business Association —un grupo del sector dedicado a atender las necesidades de los negocios minoritarios que manejan cannabis—, dijo que el pasar la marihuana de una clasificación a otra sólo “redefine la prohibición”, en lugar de dar luz verde a quienes tienen licencias estatales y poner un alto definitivo a décadas de arrestos que han afectado desproporcionadamente a personas de raza negra.
“La Clasificación III la dejará en este tipo de espacio intermedio amorfo y fangoso donde la gente no entenderá el peligro de que siga siendo ilegal a nivel federal”, agregó.
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Peltz informó desde Nueva York. Las periodistas de The Associated Press Colleen Long, en Washington, y Carla K. Johnson, en Seattle, contribuyeron a este despacho.
