WASHINGTON DC - El gobierno del presidente Joe Biden y más de 4,000 migrantes que fueron separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México durante el gobierno del expresidente Donald Trump llegaron a un acuerdo legal este lunes que permite a las familias vivir y trabajar en EEUU durante tres años mientras reciben vivienda, salud mental y asistencia jurídica para solicitar asilo.
El acuerdo también prohíbe al gobierno federal separar a cualquier familia de migrantes que cruce la frontera durante ocho años, a menos que los padres sean considerados un peligro para sus hijos o el público o hayan ingresado previamente al país ilegalmente más de dos veces.
El acuerdo, anunciado por el Departamento de Justicia, pondría fin a uno de los capítulos más oscuros de la política de inmigración de EEUU, en el que las familias que cruzaron ilegalmente la frontera sur en 2017 y 2018 fueron separadas sistemáticamente. Los niños menores de 18 años fueron enviados a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, mientras que los padres fueron procesados por fiscales estadounidenses en una corte federal.
Pero el acuerdo podría verse descarrilado por los republicanos en el Congreso si impugnan el mandato del tribunal de asignar dinero para reunificar y brindar servicios a familias separadas.
Se espera que el juez federal de distrito Dana Sabraw del Distrito Sur de California apruebe el acuerdo propuesto, pero es posible que se le solicite que revise las objeciones. Esas objeciones podrían provenir de partidos como America First Legal, un grupo legal conservador dirigido por Stephen Miller, el exasesor de Trump considerado el arquitecto de la política de separación familiar.
Las familias también buscaron una compensación financiera del gobierno federal, pero el Departamento de Justicia abandonó abruptamente esas negociaciones hace dos años cuando se le preguntó a Biden si las familias recibirían $450,000 cada una y él dijo que “no iba a suceder”.
Algunas familias siguen reclamando indemnización por daños y perjuicios en los tribunales civiles, donde el gobierno de Biden ha estado luchando contra ellas.
"Si bien ningún acuerdo podrá borrar este trágico episodio de la historia de nuestro país, el acuerdo es un paso adelante muy necesario para ayudar a las miles de familias que fueron separadas tan brutalmente bajo la administración Trump", dijo Lee Gelernt de American Civil Liberties. Union, el abogado principal que representa a las familias en el caso.
“El acuerdo permitirá que los niños pequeños finalmente vean a sus padres después de años de separación y permitirá a las familias que sufren buscar un estatus permanente en los Estados Unidos. Fundamentalmente, también prohibirá una política tan cruel en el futuro. Independientemente de lo que uno piense sobre la política fronteriza en general, no puede haber desacuerdo en que arrancar a bebés y niños pequeños de sus padres es moralmente repugnante”, agregó.
En una llamada con periodistas sobre el acuerdo, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional dijo que la separación familiar era una “política cruel e inhumana”.
Ese funcionario agregó que más de 3,000 familias separadas han sido reunificadas y cientos más permanecen separadas.
El acuerdo también cubre a más de 290 niños que son ciudadanos estadounidenses separados de sus padres no ciudadanos en la frontera por el gobierno de Trump y que no fueron incluidos previamente en la demanda.
