WASHINGTON – El juez conservador Clarence Thomas se apartó por primera vez de un caso relacionado con el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos por parte de partidarios del entonces presidente Donald Trump, cuando la Corte Suprema rechazó este lunes una apelación presentada por el exasesor legal de Trump, Juan Eastman.
Thomas, criticado por acusaciones de faltas éticas, participó el año pasado cuando la Corte Suprema rechazó el intento de Trump de evitar que los documentos de la Casa Blanca fueran entregados al comité de la Cámara de Representantes que investigaba el 6 de enero.
Entonces, Thomas fue el único juez que expresó su apoyo a los argumentos legales de Trump.
Esta vez, Thomas se hizo a un lado en el caso que involucraba a Eastman, quien se había desempeñado como asistente legal del juez.
El caso de Eastman también involucró al ahora desaparecido Comité del 6 de enero, centrado en los esfuerzos del exprofesor de derecho para evitar que su antiguo empleador, la Universidad Chapman, entregara correos electrónicos archivados enviados desde o hacia la cuenta de Eastman.
Como es típico de los jueces, Thomas no explicó por qué se recusó. Además de la historia profesional de Thomas con Eastman, otra razón por la que podría haberse hecho a un lado es que algunos de los correos electrónicos publicados supuestamente mencionaban a Thomas como el juez que probablemente sería más receptivo a los argumentos de Trump.
El caso era efectivamente irrelevante incluso antes de la acción de la Corte Suprema del lunes, debido a que el comité obtuvo correos electrónicos relevantes y concluyó su investigación.
Eastman había impulsado el desacreditado argumento de que el entonces vicepresidente Mike Pence tenía el poder de negarse a certificar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
También ha sido acusado de esfuerzos por anular los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia.
Eastman recientemente apoyó a Thomas luego de varios informes noticiosos que alegaban que los jueces no habían cumplido con los estándares éticos. Por otra parte, se enfrenta a un proceso de inhabilitación en California por su papel en las elecciones.
Anteriormente, Thomas había enfrentado críticas por no recusarse del caso de Trump del 6 de enero porque su esposa, la activista política conservadora Virginia “Ginni” Thomas, había apoyado abiertamente los esfuerzos de Trump para revertir las elecciones.
CORTE SUPEMA RECHAZA CASO DE LA 14 ENMIENDA
En otro caso relacionado con Trump, la Corte Suprema rechazó el lunes una impugnación legal de largo alcance que buscaba impedir que Trump fuera elegido presidente nuevamente.
Los jueces rechazaron una apelación presentada por John Castro, un candidato republicano a la presidencia por escrito, que se representó a sí mismo en el caso y ha presentado demandas similares.
Castro argumentó en su apelación que Trump no es elegible para estar en la boleta electoral bajo la 14ª Enmienda de la Constitución debido a su "ayuda y consuelo a los criminales convictos e insurrectos que atacaron violentamente nuestro Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021".
Es solo uno de varios casos en todo el país que buscan bloquear a Trump de las elecciones invocando la 14ª Enmienda, que establece que nadie podrá ocupar ningún cargo si “participó en una insurrección o rebelión contra [Estados Unidos], o brindó ayuda o consuelo para sus enemigos”.
Aunque algunos juristas han respaldado el argumento, otros lo han desestimado, señalando la dificultad de hacer cumplir la disposición constitucional y cuestionando si las acciones de Trump alcanzaron el nivel de "insurrección o rebelión".
Trump enfrenta cargos penales por su papel en los acontecimientos previos al 6 de enero y también fue acusado por la entonces Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, en los días posteriores al episodio. El Senado absolvió a Trump después de no alcanzar los 67 votos necesarios para condenarlo.
Aunque la Corte Suprema podría terminar opinando sobre el tema antes de las elecciones de 2024, el caso de Castro parecía un caso poco probable en parte porque después de perder en un tribunal de distrito federal en Florida, presentó su apelación directamente ante la Corte Superior en lugar de pasar por el proceso normal de apelación.
La jueza que manejó el caso fue la jueza Aileen Cannon, designada por Trump y que atrajo el escrutinio por su papel en la supervisión de otro caso penal que involucra al expresidente, en el que ha sido acusado de retener ilegalmente documentos gubernamentales en su residencia de Mar-a-Lago después de salir de la presidencia.
Incluso antes de que la Corte Suprema rechazara la apelación de Castro, había señalado una falta de interés en el caso al ni siquiera pedirle al equipo legal de Trump que presentara una respuesta.
