Nota del editor: Desde la publicación de este artículo, un juez determinó que uno de los consultorios migratorios en una de las demandas del Consejo de Defensa de Derechos Migrantes violó la ley estatal, y que había evidencia amplia de esas violaciones mostradas durante un juicio en el Condado Orange. Puede leer más del caso aquí.
SAN DIEGO - Más de una docena de pequeños negocios del condado San Diego, dicen que no han hecho nada malo y que han dedicado sus carreras a ayudar a los inmigrantes a alcanzar el sueño americano. Sin embargo, ellos, y cientos de sus colegas en todo el sur de California, argumentan que se enfrentan a demandas maliciosas diseñadas con un propósito: sacudirlos por miles de dólares en acuerdos legales.
Estos propietarios están registrados en el estado de California como consultores de inmigración. Se dedican a ayudar a los inmigrantes y a sus familias a completar documentación y navegar el complejo sistema migratorio del país.
Por los últimos dos años, Darys Avalos ha trabajado como consultora de inmigración, tiene su pequeño negocio en Chula Vista.
“Pues una satisfacción muy padre", dijo Avalos. “Yo entré en este negocio para ayudar a la comunidad latina particular es mi cliente".
Annen Delgado, también es consultora de inmigración en el condado Los Ángeles. Asegura que ha ayudado a la comunidad hispana sin tener que cobrar los altos honorarios que un abogado de inmigración cobraría por el mismo trabajo de preparación de formularios.
“Es bien sabido que nuestra comunidad de inmigrantes o latina, no tienen los recursos necesarios para acudir con un abogado porque son muy altos sus costos", agregó Delgado.
La Ley de Consultores de Inmigración
En California, los consultores de inmigración, se diferencian de los abogados y no se les permite responder preguntas o dar consejos legales. Tampoco pueden implicar que son abogados migratorios.
"Sabemos que no somos abogados. Sabemos que no podemos dar consejo de ley, pero también tenemos el criterio de poder determinar si es una persona que requiere abogado poderla transferir a un abogado", dijo Delgado.
Las reglas están establecidas en la “Ley de consultores de Inmigración de California” o ICA por sus siglas en inglés. La ICA, fue establecida para proteger a los inmigrantes de personas que se hacen pasar por abogados de inmigración o notarios públicos, prometiendo servicios para los que no están calificados o servicios que no pueden ofrecer .
Algunas de las reglas de esa extensa ley incluyen:
- Colocar carteles dentro de las oficinas anunciando sus servicios y precios.
- Incluir exenciones de responsabilidad en documentos que indiquen que no son abogados.
- Mantener una fianza de $100,000 en caso que los consultores cometan errores o cometan fraude.
Tanto Avalos como Delgado dicen que sí entienden y siguen la ley. Lo que no comprenden, es porque están siendo demandadas frente a un tribunal.
“No hay una persona en específico que se esté quejando de mis servicios, que esté diciendo que yo cometí algún tipo de fraude o que llené documentos de manera equivocada”, dijo Delgado.
Una avalancha de demandas de un solo abogado
Nuestro equipo investigativo se enteró de las demandas presentadas en San Diego en julio de 2023. Cuando empezamos a profundizar sobre el tema, descubrimos que había múltiples demandas en todo el sur de California durante muchos años. La mayoría de las demandas se presentaron en el condado Los Ángeles, con al menos 239 desde 2015. 43 se presentaron en el condado de Orange y 7 en el condado de Riverside. Aquí en San Diego, hasta el momento se han presentado 19 demandas.
Nuestro equipo se reunió con más de una docena de acusados. Las consultoras migratorias con las que platicamos ese día, tenían mucho en común. Todas eran mujeres hispanas y aseguraron que no creían haber hecho nada malo.
No saben qué les golpeó. Nunca han tenido que lidiar con algo así y están confundidos.
Bill Anderson, de la Asociación Nacional de Notarios
Muchas de las consultoras no quisieron mostrar sus rostros ni ser identificadas, asegurando que temían a empeorar sus casos.
"No tener los recursos para pelearlos y que pueden perder su negocio, sus casas o todas sus bienes y raíces, afectadas a su familia y el dolor de cabeza de tener todo ese pendiente", dijo Ávalos. "O que sus clientes piensen que están haciendo algo malo y que pierdan el negocio".
La persona detrás de cada demanda es Sebastian Medvei, quien opera Medvei Law Group basado en Glendale. Él ha radicado cientos de demandas en representación del Consejo de Defensa de Derechos de los Migrantes.
Telemundo 20 investiga, examinó cada uno de los casos y determinó que Medveia ha ganado más de $2.2 millones hasta el momento, y la mayor parte de esa suma proviene de acuerdos legales. Sin embargo, es probable que esa cifra monetaria sea mucho mayor, ya que 27 de sus casos resueltos no incluyen documentos que aclaren cuánto dinero obtuvo. Otros 32 casos analizados no tenían información sobre el resultado del caso. De todos los que recibimos, descubrimos que sólo dos llegaron a juicio. En ambos casos, el juez falló a favor de Medvei.
"A mí sí me impactó emocionalmente tuve que ir a terapia, eh porque lejos del imparte emocional. También está el impacto económico", aseguró Delgado. "Muy molesta porque incluso yo he tenido que pagar ya ahorita llevo $10,000 dinero que precisamente no tengo".
Demandas casi idénticas
Los demandantes, describen las denuncias de Medvei como repetitivas, con una redacción casi idéntica, excepto por la información general de las empresas a las que está demandando.
“Todas son idénticas, son idénticas”, dijo Avalos. “Pues basado en su historial de otros condados, pues sabemos que es algo a lo que se dedica, pues ahora está en este condado haciendo cosas parecidas y las demandas, todas son casi casi idénticas”.
Algo que notamos que no está escrito en las cientos de demandas que revisamos son ejemplos específicos de las violaciones de la ley ICA. De hecho, todas las quejas de Medvei contienen un lenguaje casi idéntico, sin citar ejemplos específicos. Además, las demandas solo nombran disposiciones de la ley donde el demandante afirma que “cree y alega” que la ley fue violada. La ley tampoco exige que los abogados nombren víctimas en los juicios.
“Porque no hay una persona en específico que se esté quejando de mis servicios, que esté diciendo que yo cometí algún tipo de fraude o que llené documentos de manera equivocada”, agrego Delgado.
Bill Anderson, de la Asociación Nacional de Notarios, condenó las tácticas de Medvei.
“Enumeran una larga lista de posibles violaciones que un consultor de inmigración puede cometer, pero no muestran ningún hallazgo de investigación ni prueba de daño real, o que el consultor de inmigración realmente haya cometido estos actos”, dijo Anderson.
La Asociación Nacional de Notarios o NNA por sus siglas en inglés, asegura que los notarios que no están registrados en el sistema ni cuentan con fianzas que los protejan, son el verdadero problema de la industria.
En los países latinos, los notarios deben ser abogados, un requisito que no es necesario en los Estados Unidos, donde un notario es simplemente alguien que tiene la autoridad de actuar como testigo en la firma de documentos.
La presión para llegar a un acuerdo
Los consultores dicen que después de presentar la demanda, Medvei les ofrece paquetes de liquidación que van desde $5,000 a $20,000 para cubrir los honorarios de sus abogados y los costos judiciales. Muchas de las mujeres con las que hablamos dicen que se sintieron obligadas a pagarle por temor a una batalla judicial aún más costosa.
“Toman esa ruta por miedo. Se sienten muy intimidadas, miedo a perder sus negocios, de miedo a no tener recursos para pagar un abogado que las defienda. O que sus clientes piensen que están haciendo algo malo y que pierdan el negocio”, dijo Avalos.
Algunos de los abogados que representan a las demandadas han presentado respuestas ante el tribunal que dicen: “Todas estas acusadas no tienen más opción que rendirse a pesar de haber sido 99.9% correctas en sus trabajos y al obedecer la Ley de Consultores de Inmigración”.
“Muy molesta porque incluso yo he tenido que pagar ya ahorita llevo $10,000 que precisamente no tengo”, añadió Delgado.
Otro abogado escribió: “El demandante, es un abogado privado, es un depredador…” quien cita “utiliza el sistema legal como un medio para obtener dinero para sí mismo…”
“Saber que esta persona está lucrando con nosotros. Es muy molesto y más porque lo hace con comunidades vulnerables, como somos nosotras que somos mujeres y que somos migrantes, mayormente hispanas”, dijo Delgado.
Respuesta de Medvei
En múltiples ocasiones, nuestro equipo investigativo intentó comunicarse con Medvei, a través de correos electrónicos y llamadas, pero él jamás respondió. Viajamos hasta el tribunal del condado Orange, donde uno de sus casos tuvo una audiencia, allí aceptó responder algunas de nuestras preguntas.
Medvei no estuvo de acuerdo con la idea que esté haciendo un mal uso de la ley ICA al presentar demandas y nos dijo que está ayudando a los inmigrantes con sus presentaciones.
"Lo que alegamos son violaciones de la ley," dijo Medvei. "Tenemos derecho a perseguir violaciones de la ley en cada caso... Estoy muy orgulloso de trabajar en estos casos y en esta ley".
Medvei, se negó a discutir un caso en específico con nosotros, identificar a las víctimas de los acuerdos o detallar cualquiera de las acusaciones específicas contra los consultores. Por lo contrario, defendió el uso del mismo lenguaje en las demandas, alegando que es para el beneficio de los demandantes, para ahorrarles dinero.
“Así que cuantos más honorarios tengamos que pagar, peor será para el acusado", dijo Medvei. "Entonces, si dedicamos menos tiempo a redactar la queja, en realidad le estamos ahorrando dinero al consultor".
Ante nuestras cámaras, Medvei sí reconoció que el dinero colectado de las demandas no va hacia el grupo “consejo de defensa de los derechos de los migrantes”, sino para él.
"La LLC involucrada en estos casos no obtiene ganancias", dijo Medvei. “No reciben dinero. Recibo el dinero. Todo el dinero que se paga es para mis honorarios”.
Debido a que Medvei no representa a inmigrantes específicos perjudicados por consultores, el tribunal no puede otorgar daños punitivos, sólo honorarios de abogados y costas judiciales. Medvei dice que no se trata de dinero.
"Entonces, cuando prevalecemos en estos casos, a estos acusados se les prohíbe volver a violar la ley, lo que significa, que estarían sujetos a enfrentar condenas de cárcel", dijo Medvei. “Se trata de sentencias muy graves y, para mí, descartarlas simplemente como gastos judiciales es algo irresponsable. Quiero decir, el propósito de esta ley es impedir que la gente viole”.
Evidencia a través del descubrimiento
Otra de las razones por las cuales Medvei dice no incluye ejemplos específicos en las demandas es para proteger la evidencia. Sin embargo, un par de abogados con conocimiento sobre estos casos le dijo a Telemundo 20 Investiga, que creen que él no tiene ninguna evidencia cuando presenta la denuncia. En cambio, dicen que utiliza el tribunal para obligar a los acusados a proporcionar documentos e información con la esperanza de encontrar violaciones durante el proceso de descubrimiento.
"No saben qué los golpeó", nos dijo Anderson. "Nunca han tenido que lidiar con algo como ésto y están confundidos".
“Yo siento frustración, me siento molesta porque creo que soy una persona que busca capacitarse en lo que hace, siempre me he conocido con ética y moral hacia mis clientes”, dijo Delgado.
Anderson calificó las demandas de Medvei como perjudiciales para los consultores y las comunidades a las que sirven. Dice que la gran mayoría de los consultores registrados están haciendo todo lo posible para cumplir con una ley complicada, a diferencia de algunos notarios que falsifican sus capacidades legales.
“No somos abogados pero tampoco somos delincuentes ni somos personas que hemos cometido fraude”, agregó Delgado.
Algunos consultores no se dan por vencidos
Nuestro equipo habló con abogados que representan a las demandantes y dicen que por desgracia, aceptar un acuerdo legal tiende a ser la decisión más inteligente para las consultoras.
“Envían el cheque y se marchan”, dijo Anderson. "Y todavía no saben qué hicieron mal".
Medvei recién comenzó a presentar casos en San Diego a principios de 2023. Pero hay varios cientos de casos en los condados Los Ángeles y Orange, donde algunos acusados se han negado a llegar a un acuerdo legal. Varios llevan años luchando contra Medvei.
“Buscamos claridad en la ley, Si hace falta un requisito para nosotros los consultantes que nos lo dejen saber que se establezca y nosotros cumplirlo," dijo Delgado.
Delgado y varios consultores con los que hablamos dicen que tampoco planean llegar a un acuerdo legal con Medvei, sin importar lo que cueste.
Nota del editor: Una versión previa de este artículo erróneamente mencionaba que Medvei operaba el LLC, “Consejo de Defensa de Derechos de los Migrantes”. Una revisión de los récords corporativos en California y Delaware lo muestra listado como un organizador, representante autorizado y abogado. Él niega tener cualquier propiedad.
