Más californianos con enfermedades mentales no tratadas y problemas de adicción podrían ser detenidos contra su voluntad y obligados a recibir tratamiento en virtud de una nueva ley firmada por el gobernador Gavin Newsom, una medida para ayudar a reformar el sistema de salud mental del estado y abordar su creciente crisis de personas sin hogar.
La nueva ley, que reforma el sistema de tutela del estado, amplía la definición de "gravemente discapacitado" para incluir a personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas como comida y vivienda debido a una enfermedad mental no tratada o al consumo de drogas y alcohol nocivos para la salud. Los gobiernos locales dicen que las leyes estatales actuales les dejan las manos atadas si una persona se niega a recibir ayuda.
La ley está diseñada para facilitar a las autoridades la atención a personas con enfermedades mentales no tratadas o adicciones al alcohol y las drogas, muchas de las cuales no tienen hogar.
El proyecto de ley tenía como objetivo en parte abordar la crisis de personas sin hogar en el estado. California es el hogar de más de 171,000 personas sin hogar, aproximadamente el 30% de la población sin hogar del país. El estado ha gastado más de $20 mil millones en los últimos años para ayudarlos, con resultados mixtos.
Newsom está impulsando su propio plan para reformar el sistema de salud mental del estado. Se espera que la propuesta de Newsom, que reformaría la forma en que los condados pagan los programas de salud mental y conductual y pediría prestado 6,300 millones de dólares para pagar 10,000 nuevas camas de tratamiento de salud mental, se presente ante los votantes el próximo marzo.
"California está llevando a cabo una importante reforma de nuestro sistema de salud mental", dijo Newsom en un anuncio de firma el martes. "Estamos trabajando para garantizar que nadie quede al margen y que las personas reciban la ayuda que necesitan y el respeto que merecen".
La legislación, escrita por la senadora demócrata Susan Eggman, es el último intento de actualizar la ley de California de 56 años de antigüedad que rige las tutelas de salud mental, un acuerdo en el que el tribunal nombra a alguien para tomar decisiones legales en nombre de otra persona, incluida la aceptación de tratamiento médico. y tomar medicamentos.
El proyecto de ley fue apoyado por la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales de California y los alcaldes de las ciudades más grandes de California, quienes dijeron que la ley de tutela existente ha dificultado brindar tratamiento de salud mental a los más necesitados.
Quienes se oponen al proyecto de ley, incluidos los defensores de los derechos de las personas con discapacidad, temen que la nueva ley provoque que más personas sean encarceladas y privadas de sus derechos fundamentales. Obligar a una persona a someterse a tratamiento también podría ser contraproducente, dijeron.
Eggman dijo que detener a una persona con una enfermedad mental en contra de su voluntad sólo debe utilizarse como último recurso. La legislación tiene como objetivo proporcionar una alternativa al envío de personas con enfermedades mentales y problemas de adicción al sistema penitenciario.
"Nuestras prisiones estatales están llenas de personas que, después de haber recuperado su competencia, están en nuestras prisiones estatales debido a problemas graves de salud mental y adicción a las drogas", dijo Eggman en una entrevista. "Creo que esa es la forma más inhumana de tratar a los más vulnerables".
La ley entrará en vigor en 2024, pero los condados pueden posponer su implementación hasta 2026. Los cambios servirán como otra herramienta para ayudar al estado a reformar su sistema de salud mental. El año pasado, Newsom firmó una ley que creó un nuevo proceso judicial en el que los familiares y otras personas podían pedirle a un juez que elaborara un plan de tratamiento para determinadas personas con diagnósticos específicos, incluida la esquizofrenia. Esa ley permitiría al juez obligar a las personas a recibir tratamiento durante hasta un año. El programa judicial, iniciado este mes en siete condados, también tenía como objetivo abordar la crisis de personas sin hogar en el estado.
