Para expertos en inmigración, la posible cancelación de varios alivios migratorios puede ser una realidad después del 20 de enero.
Si bien el Ayuntamiento de Los Ángeles celebró la aprobación de una ordenanza de ciudad santuario el martes, puede haber sido más simbólica ya que la ley del estado santuario de California ya aplica medidas de protección para los inmigrantes.
De hecho, el Proyecto de Ley del Senado 54, que se convirtió en ley en 2017 para prohibir que las ciudades y los condados de California cooperen con los funcionarios federales de inmigración y aduanas en la aplicación de las leyes de inmigración o las deportaciones, fue escrito por el entonces senador estatal Kevin de León, quien está dejando su trabajo en el ayuntamiento después de perder su candidatura a la reelección.
“(Es) una situación de tomar precauciones, un poco de superposición”, dijo el martes el fiscal general de California Rob Bonta a la estación hermana NBCLA, describiendo la ordenanza de ciudad santuario del Ayuntamiento de Los Ángeles.
Bonta también destacó que hay excepciones a la ley de los estados santuario, incluso para los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.
Si una persona detenida ha sido condenada por un delito grave o violento, también puede ser detenida para su deportación.
Si bien el jefe de fronteras entrante del presidente electo Trump, Tom Homan, dijo que no está exigiendo que las ciudades y los estados cooperen con sus planes de inmigración, está dispuesto a enviar oficiales del ICE a los vecindarios para arrestar a inmigrantes indocumentados, lo que podría ser más peligroso y perjudicial para las comunidades.
California
Homan también se desempeñó anteriormente como director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
“Si ICE quiere volver a la comunidad y hacer cumplir la ley de inmigración, puede hacerlo”, dijo el fiscal general.
Bonta dijo que cree que cualquier esfuerzo por realizar deportaciones masivas, especialmente con el uso del ejército, será contraproducente.
“Creo que no tienen el dinero ni el personal, lo hacen a su propio riesgo”, dijo Bonta.
Pero no todas las ciudades o condados están de acuerdo con los funcionarios estatales. Algunos funcionarios del sur de California, incluidos los líderes de la ciudad de Newport Beach y el sheriff del condado de Orange, han criticado la ley estatal, diciendo que el mandato limita la aplicación de las leyes de inmigración.
El alcalde de Newport Beach el lunes volvió a criticar la política del estado santuario después de que un grupo de inmigrantes en un barco fuera detenido en las afueras de Newport Beach.
El alcalde de Newport Beach, William O'Neil, dijo que la Guardia Costera de Estados Unidos detuvo el barco con 21 personas que intentaban ingresar al país ilegalmente después de ver la embarcación de 34 pies “comportándose de manera irregular” a una milla al oeste de Newport Beach el jueves por la noche.
O'Neil dijo que si bien la mayoría de las personas en el barco eran ciudadanos mexicanos, había un ciudadano ruso y dos ciudadanos de Uzbekistán.
“Claramente, la gente que viaja desde Uzbekistán a través de México para ingresar a nuestro país ilegalmente en un barco frente a la costa del condado de Orange es, o al menos debería ser, algo fuera de lo común”, dijo el alcalde de Newport Beach en una publicación en las redes sociales.
“La SB54 limita severamente el grado en que las fuerzas policiales locales pueden cooperar con las autoridades federales para hacer cumplir la ley de inmigración”, dijo O’Neil, explicando cómo él y el Ayuntamiento de Newport Beach se opusieron unánimemente a esa legislación en 2017.
