Los habitantes de la pequeña comunidad no saben cuándo se resolverá la falta del preciado líquido. Además, aseguran que la poca agua que queda les podría causar problemas de salud.
SACRAMENTO, California. (AP) — El agua que sale del grifo para más de 900,000 californianos no es segura para beber y el estado no está actuando lo suficientemente rápido para ayudar a limpiarla, dijeron auditores estatales en un informe publicado el martes.
Miles de sistemas de agua abastecen a los 39 millones de habitantes del estado, y alrededor del 5% de ellos tienen algún tipo de contaminante, como nitratos o arsénico, según la auditoría. Eso significa que las personas no pueden beber el agua de manera segura ni usarla para cocinar o bañarse.
La mayoría de los 370 sistemas defectuosos se encuentran en comunidades de bajos recursos, muchas en el Valle Central, el corazón agrícola del estado.
La Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos ha proporcionado al menos $1,700 millones en subvenciones desde 2016 para el diseño y construcción para mejorar los sistemas de agua. Eso podría incluir la construcción de nuevas plantas de tratamiento, la consolidación de sistemas de agua u otras acciones diseñadas para mejorar la calidad del recurso.
Pero la Junta tomó un promedio de 33 meses en 2021 para que los operadores del sistema de agua completaran el proceso de solicitud y recibieran dinero, encontró la auditoría, casi el doble del tiempo que tomó en 2017. La misma auditoría halló que la falta de métricas claras y la mala comunicación creaban confusión para los distritos de agua que buscaban ayuda y demoró el proceso de adjudicación.
“Cuanto más tarde la junta en financiar proyectos, más caros se vuelven esos proyectos. Más importante aún, los retrasos aumentan la probabilidad de resultados negativos para la salud de los californianos atendidos por los sistemas de agua defectuosos”, escribió el auditor estatal interino Michael Tilden en una carta a la Legislatura.
Eileen Sobeck, directora ejecutiva de la Junta de Agua, dijo a los auditores estatales que la junta está de acuerdo en que el proceso podría ser más claro y rápido. Pero desestimó la conclusión de que la junta no ha actuado con urgencia para mejorar los sistemas de agua contaminada y afirmó que la "mayor prioridad de la junta es promover el derecho humano al agua".
California
California aprobó una ley estatal sobre el derecho al agua potable y segura en 2013, en su oportunidad la propia Juntaso sostuvo que se necesitaría $4.5 mil millones para abordar todas las necesidades hasta 2025.
MILLÓN DE CALIFORNIANOS SIN AGUA POTABLE
Sobeck indicó que el estado ha reducido la cantidad de personas que dependen del agua contaminada de 1,6 millones en 2019 a menos de 1 millón en la actualidad. También ha proporcionado $700 millones en subvenciones a los sistemas de agua. Además, ha ayudado a pagar proyectos de construcción en 90 comunidades, consolidado 73 sistemas de agua y comenzado a simplificar el proceso de solicitud.
E. Joaquín Esquivel, presidente de la junta de agua, agregó que el hallazgo de la auditoría no refleja la "gran cantidad de progreso" que ha logrado la junta para ayudar a los sistemas de agua.
El estado establece requisitos para más de 100 contaminantes del agua, incluidos nitrato, arsénico y E. coli, por lo que la cantidad de estos en el vital líquido está regulada.
Los nitratos, por ejemplo, provienen del exceso de fertilizante utilizado por la agricultura. Diferentes contaminantes pueden causar problemas respiratorios a los bebés, dañar el hígado y los riñones, y aumentar el riesgo de cáncer. Incluso cuando el agua no es segura para beber, la gente aún tiene que pagar la factura del agua, más el costo adicional de comprar agua embotellada o transportarla desde otro lugar.
“El hecho de que no esté bebiendo del grifo no significa que no tenga que pagar por el acceso”, explicó Kyle Jones, director legal y de políticas del Community Water Center, que trabaja para expandir el acceso al agua limpia.
El gobernador Gavin Newsom creó un fondo de $130 millones en 2019 para mejorar los sistemas de agua potable, en particular los que sirven a las comunidades de bajos ingresos. En ese momento, calificó de "desgracia moral" que los californianos no pudieran contar con agua limpia para beber o bañarse.
Para ejemplificar la lentitud del estado en la materia, la auditoría encontró que la junta de agua no estaba revisando apropiadamente un proyecto de asistencia técnica para un sistema de agua en el condado de Kern. Diez meses después de que la junta asignó un proveedor para ayudar al distrito, no se había completado ningún trabajo, lo que provocó que la junta buscara otro proveedor. En otro caso, la junta de agua tardó 14 meses en averiguar si un distrito de agua en la zona rural del norte de California era elegible para recibir subvenciones para mejorar sus aguas potables y residuales.
Los distritos de agua que respondieron a una encuesta del auditor calificaron el proceso de solicitud de la junta como una "pesadilla", llena de trámites burocráticos y expectativas poco claras.
Michael Claiborne, abogado director del Consejo de Liderazgo para la Justicia y la Responsabilidad, señaló que muchos californianos han estado luchando durante décadas por agua limpia sin éxito.
Su organización aboga por el acceso seguro y asequible al agua potable para las comunidades del Valle de San Joaquín y el este del Valle de Coachella, y esta ha sido contratada como consultora legal y técnica para algunos de los proyectos que reciben fondos de la junta. Como defensor y contratista de algunos de ellos, estuvo de acuerdo con los hallazgos de la auditoría: la junta necesita métricas claras para mostrar su progreso y establecer expectativas.
Pero añadió, “sin la cooperación de los gobiernos locales y los sistemas de agua locales, no se pueden implementar soluciones”, dijo.
