SIOUX FALLS, Dakota del Sur — Iowa, Carolina del Sur, Dakota del Sur y Nebraska compartirán la información de las licencias de conductor estatales con la Oficina del Censo para ayudar al gobierno federal a determinar el estatus de ciudadanía de sus residentes.
Hasta hace poco, Nebraska era el único estado que había firmado un acuerdo con la Oficina del Censo para enviarle la información.
El año pasado, el presidente Donald Trump ordenó a la oficina reunir los datos de ciudadanía de los archivos federales y estatales después que la Corte Suprema rechazó su intento de incluir una pregunta acerca de la ciudadanía en el censo 2020.
La gran mayoría de los estados se ha negado a compartir la información sobre las licencias de conductor y las cédulas de identidad.
Los gobernadores de los cuatro estados que cooperan son republicanos. La información apareció por primera vez a través de la emisora pública NPR.
Los adversarios de la medida temen que los gobiernos estatales y municipales utilicen la información para rediseñar los distritos electorales teniendo en cuenta solamente a los ciudadanos en lugar de toda la población.
Esto beneficiaría, dicen, a los candidatos republicanos y a los blancos no hispanos.
La información de las agencias de vehículos no suele ser fiable ya que los residentes legales no tienen motivo para informarles cuando adquieren la ciudadanía, dijo Thomas Saenz, presidente y asesor legal del Fondo de Defensa Legal y Educativo México Estadounidense.
Este organismo es uno de varios grupos promotores de los derechos civiles que han impugnado la orden de Trump en una corte federal en Maryland.
“Su tarea es crear una base de datos nacional, así que, si solo tres estados relativamente pequeños les dan sus archivos, eso no los acerca demasiado a su objetivo”, dijo Saenz.
“No sé qué consiguen con eso, pero si yo estuviera en uno de esos estados me disgustaría que el estado revelara mi información sin pedirme permiso”.
El Departamento de Comercio, que supervisa la Oficina del Censo, dijo que tiene suficiente información como para determinar la ciudadanía de casi el 90% de la población de Estados Unidos y que la información recabada a partir de la orden ayudaría a completar el cuadro.
El acuerdo con Carolina del Sur, firmado este mes, permite compartir información que va a ser usada “para satisfacer funciones legítimas de organismos del gobierno”, indicó Julie Roy, portavoz del Departamento de Vehículos Automotores de Carolina del Sur, en un email.
Dakota del Sur firmó su acuerdo con la Oficina del Censo en abril, comprometiéndose a suministrar mensualmente información sobre las licencias de conducir, incluidos nombres, direcciones, fechas de nacimiento y ciudadanía. El estado exige prueba de ciudadanía o de residencia legal para sacar la licencia de conducir.
La información es usada “solamente con fines estadísticos” y no para hacer cumplir programas u otras funciones administrativas, según el acuerdo.
Los acuerdos con Iowa y Carolina del Sur contienen un lenguaje similar y limitan el margen de maniobra de los estados para compartir información con otros organismos.
El Departamento de Seguridad Pública de Dakota del Sur no respondió a pedidos de comentarios.
Iowa empezó a compartir su información con el Censo en marzo. También en ese estado solo los ciudadanos o los extranjeros con permiso de residencia pueden sacar licencia o una tarjeta de identidad, y la ciudadanía no figura en su información.
Los demócratas de la Cámara de Representantes presentaron un proyecto de ley que anularía la orden de Trump de recabar información sobre la ciudadanía.
Dicen que la idea de averiguar la ciudadanía de la gente surgió de Thomas Hofeller, un cuadro republicano que proponía crear distritos electorales usando solamente los ciudadanos en edad de votar y no toda la población.
En documentos que salieron a la luz tras su muerte en el 2018 admitía que el objetivo era favorecer a los republicanos.
El Censo se lleva a cabo cada diez años y ayuda a decidir cómo se asignan 1,500 milloines en fondos federales y cuántas bancas tiene cada estado en la cámara baja.
Los demócratas dicen que la información sobre la ciudadanía es parte de un esfuerzo del gobierno de Trump por politizar la Oficina del Censo.
Muchos residentes de comunidades de inmigrantes expresaban temor de llenar el formulario del censo y los acuerdos con los estados indican que Trump trata de burlar el dictamen de la Corte Suprema, según Taneeza Islam, abogada de inmigración que dirige una organización llamada South Dakota Voices for Peace.
“Mucha gente no quiere llenar formularios del gobierno y esto aumenta la desconfianza”, sostuvo.
